Befesa niega que Nerva albergue residuos ilegales llegados de Italia
Greenpeace vincula al vertedero onubense con la detención de seis personas por orden de un fiscal milanés


El colapso al que se vieron sometidos varios vertederos de Italia en 2010 a cuenta de una huelga obligó a las autoridades de ese país a dar salida a 290.000 toneladas de basura de diversa tipología que tuvieron como destino diversos países. Befesa, propietaria de las instalaciones, admitió en noviembre de ese año ante la Comisión Municipal del Vertedero de Nerva que la planta iba a admitir residuos tóxicos y peligrosos procedentes de Italia, pero sin concretar ni la cantidad ni el origen exacto de los residuos.
Los camiones procedentes de Italia llegaron, descargaron los residuos y se fueron enterrando aparentemente la polémica. Hasta ahora, cuando Greenpeace se ha hecho eco de la detención de que seis personas en Italia, entre ellos un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, tras una investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Dirección Antimafia del Distrito de Milán referente a la contratación y al desarrollo de las labores de descontaminación de una zona industrial petroquímica abandonada de la empresa SISAS en Pioltello-Rodano (Milán).
Las supuestas irregularidades de este caso ya fueron denunciadas por Greenpeace en 2011, que investigó los criterios usados para la caracterización de los residuos y su destino final. La organización ecologista hizo especial hincapié en los residuos contaminados con mercurio. Greenpeace investigó cómo, presuntamente, se les otorgaba un código del Catálogo Europeo de Residuos de menor peligrosidad para abaratar el coste de su tratamiento final, lo que ha sido confirmado por la investigación oficial en Italia.
Según la organización ecologista, parte de estos residuos llegaron a Nerva (Huelva), una versión que fue desmentida ayer por Befesa en un comunicado donde sostuvo que "el transporte de los residuos al vertedero de Nerva se llevó a cabo siguiendo las directivas de la UE para el transporte transfronterizo de residuos y según la autorización de las autoridades medioambientales de España e Italia".
"El tratamiento de residuos en las instalaciones de Befesa se llevó a cabo de acuerdo a las directivas europeas y a las leyes españolas y andaluzas para tratamiento de residuos y por consiguiente, cumpliendo con todos los requerimientos legales", añadió la compañía, que apostilló que "de acuerdo tanto con las directivas de la EU como con las leyes española e italiana, Befesa ha cumplido con todos los requerimiento legales aplicables tanto a transporte como a tratamiento de residuos".
Fuentes de la empresa explicaron a esta redacción que los residuos de la discordia habían sido analizados por expertos independientes que certificaron su correcto tratamiento. La mismas fuentes especificaron que cada contenedor de basura fue depositado en el vertedero en su vaso correspondiente, separando los peligrosos de los no peligrosos. En concreto, según Befesa, en Nerva se almacenaron 24.965 toneladas de residuos calificados como peligrosos y 2.222 de no peligrosos, datos estos últimos coincidentes con los facilitados por Greenpeace.
Según esta organización, "las labores de descontaminación" en Italia "se encargaron con urgencia a la empresa italiana Daneco Impianti, después de que, en octubre de 2010, la Comisión Europea solicitó al Tribunal Europeo de Justicia una sanción millonaria para Italia por incumplir un mandato anterior de 2002 que ya le obligaba a tratar tratar correctamente los residuos".
Greenpeace sostienen que en septiembre de 2011 el Tribunal de Revisión italiano aceptó a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía que ratificaba la acusación contra el comisionado especial del Ministerio de Medio Ambiente para la descontaminación (el funcionario Luigi Pelaggi, ahora detenido) por aceptar un soborno de 700.000 euros de Daneco Impianti, acusado de "cerrar los ojos" ante supuestas irregularidades en la clasificación y tratamiento de los residuos, con la idea de "facilitar" todo el proceso.
"A pesar de las evidencias aportadas por Greenpeace, el traslado de estos residuos y su tratamiento en el vertedero de Nerva es aún un misterio que la administración española y andaluza han preferido dejar enterrado", declaró Sara del Río, responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace.
El delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, se mostró anoche parco sobre la imputación decididas por la Fiscalía italiana: "No puedo más que respetar la labor de la Justicia en un país de la UE y me parece bien que si determinadas personas han incumplido la Ley en un asunto que tiene relación con nuestra provincia, pues la valoración no puede sino ser positiva".
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