El Ayuntamiento adeuda 4 millones por los salarios de los trabajadores despedidos

A instancias del PSOE, el Ayuntamiento de Bollullos celebró ayer un Pleno extraordinario y monográfico donde se escenificó el problema mayúsculo que arrastra el consistorio con la situación laboral de 30 trabajadores despedidos de forma "improcedente", según sentencia judicial. Un colectivo al que se le adeuda, "de forma provisional" y en concepto de salarios de tramitación, un total de 3.820.804 euros. De ese montante económico, 948.019 euros corresponden a los costes de la Seguridad Social que no han sido satisfechos y que han engordado sobremanera la deuda que la institución local mantiene con el Estado, provocado con ello la retención de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

Los salarios de tramitación se fijaron en virtud del último sueldo percibido más la extra del mes de diciembre, por lo que existen empleados, con la categoría de administrativos y conductores, a los que se les reconoce un sueldo, en limpio, de 2.200 y 3.300 euros, respectivamente.

Las cifras fueron el único elemento de consenso en una sesión tensa, cargada de descalificaciones personales y que finalizó con la expulsión del líder del PSOE, Carlos Sánchez, cuando acusó al alcalde, Francisco Díaz, de "venderse por un sueldo".

En el debate, el propio Sánchez cargó la responsabilidad de la situación en el alcalde, por "despedir el 20 de enero del 2009 a los trabajadores sin mediar negociación alguna y, posteriormente, no acatando las respectivas sentencias judiciales". Para los independientes y populares que gobiernan en coalición, la raíz del problema data del mismo momento en que el propio Sánchez optó, en 2008 y días antes de que se llevara a efectos la moción de censura, por llevar a cabo la contratación de 40 trabajadores, "atomizando aun más la plantilla municipal".

El portavoz del PP, Francisco Martín, defendió su actuación y descartó el despido por razones políticas, y sustentó su argumento en que un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía determinó que los contratos formalizados por el entonces alcalde socialista eran "fraudulentos, al haberse realizado sin consignación presupuestaria ni información pública".

El portavoz de IU, Juan Félix Camacho, consideró que lo más flagrante es "el empecinamiento" del equipo de gobierno por no reincorporarlos y que no hagan nada productivo en todo el tiempo en que se han demorado los litigios judiciales. En definitiva, apostilló, serán los ciudadanos quienes pagaran "este despropósito" y las deudas generadas.

Durante el turno de réplica el ex alcalde socialista destacó que alguno de los trabajadores poseían una antigüedad cercana a los quince años, mientras que otros habían empalmado varios contratos con la institución local. El PP rebatió este argumento destacando que jamás en la historia los cuarenta trabajadores habían estado en nómina a la misma vez, a la par que denunciaron que el objetivo era dinamitar la economía municipal llevándola al colapso y que no pudieran afrontar el pago de unas nóminas municipales que generan mensualmente para los ciudadanos un coste de más de 80 millones de euros. Más contundente se mostró si cabe el portavoz de los independientes, Sergio Rosado, quien achacó las contrataciones como un medio de "lograr réditos electorales".

La expulsión de Sánchez, que acabó con la salida de sus compañeros de partido, evitó el debate del último punto del día donde se pedía la dimisión del alcalde y portavoz del PP por supuesta "malversación de caudales públicos" por el hecho de que "30 trabajadores lleven 48 meses cobrando dinero sin prestar servicio a los ciudadanos".