El Ayuntamiento adjudica a Aqualia el servicio de aguas por 8,4 millones

Cartaya aprobó ayer la adjudicación del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas a Aqualia por 8,4 millones de euros. De ellos, 1,1 millones se destinarán a inversiones en las redes y el cambio supondrá, asegura el equipo de Gobierno, que las tarifas permanezcan al menos un 10% de las de Giahsa durante los dos próximos años.

Con esta adjudicación, el Pleno del Ayuntamiento de Cartaya pone fin a meses de cruces de acusaciones y protestas vecinales, unas protestas que sonaron también en la sesión plenaria y que incluso obligaron a interrumpirla en más de una ocasión. La privatización del servicio de aguas ha sido y es un tema polémico, que el equipo de Gobierno (ICAS, PP y PA) trató de zanjar el debate con cifras millonarias sobre la mesa: cinco millones que se ingresarán a la firma del contrato, un segundo pago en 2014 con el resto y esos 1,1 millones de inversiones a ejecutar durante los dos próximos años.

La empresa AquaCartaya, perteneciente al grupo Aqualia, gestionará así el servicio por un periodo de 25 años. Entre las condiciones que se han exigido a la adjudicataria está el mantenimiento de las tarifas al menos un 10% por debajo de las de Giahsa durante los próximos dos años, lo que, según destacó el portavoz del equipo de Gobierno, Gabriel Maestre, "garantiza que respetamos el compromiso adquirido con los ciudadanos de que a partir de enero de 2014 en Cartaya se va a pagar el agua un 10% más barata queel que abonan los usuarios de la empresa pública, y que en 2015 se congelarán las tarifas". En esta línea aportó el informe realizado por los servicios técnicos y el secretario municipal certificando este aspecto.

Para el primer teniente de alcalde, Carlos Pérez, que presidió el Pleno ante la ausencia por motivos familiares del alcalde, Juan Polo, "son condiciones sumamente ventajosas, ya que supone en total unos ingresos netos para este Ayuntamiento de casi 10 millones de euros si le unimos los 1,3 millones de la adjudicación que por vía de emergencia se realizó el pasado mes de febrero". Frente a ello, señaló, están "los 6 millones de euros que se supone iba a obtener Cartaya de Giahsa por la capitalización del famoso canon que la empresa pública se comprometió a abonar por el alquiler de las redes durante los primeros 15 años, operación cuyo incumplimiento por parte de la empresa pública motivó la salida de Cartaya de la MAS". Este dinero, aseguró en un comunicado remitido por el Ayuntamiento, "se destinará, sobre todo, a atender las necesidades de los ciudadanos y a acometer algunas inversiones que estos demandan y que no se han podido poner en marcha por la gravísima situación económica de las arcas municipales". Además, "el Ayuntamiento podrá aliviar su elevadísima carga financiera y hacer frente, también, a la nómina de los trabajadores municipales, que será actualizada de inmediato".

También se aprobó ayer la adjudicación del servicio de recogida y transporte de residuos, contenerización y gestión del punto limpio, por un periodo de 12 años y un precio de 1,2 millones de euros, a la empresa Recolte. El precio del recibo de la basura también experimentará una rebaja del 10% con respecto al de los usuarios de Giahsa por este concepto, debido a su cobro por parte del Servicio de Gestión Tributaria, aseguró el Consistorio. Además, entre las condiciones que se han exigido a la adjudicataria se encuentra la adquisición de una nueva flota de 13 vehículos, lo que supondrá una mejora del servicio.

El portavoz del equipo de Gobierno señaló que otra de las ventajas de la adjudicación de estos servicios es que "a partir de ahora el precio de los mismos estará sujeto a lo que decida el pleno, que vela por los intereses de los cartayeros, no a lo que se decida en el seno de una mancomunidad de municipios en la que priman los intereses de los partidos políticos a nivel provincial".

En cambio, la operación fue duramente descalificada por los grupos municipales de PSOE e IU, que criticaron tanto el proceso, que tacharon de "pantomima" como el hecho de que no se haya atendido a las peticiones de la Plataforma Ciudadana Cartaya Pública, cuyos integrantes asistieron al Pleno, que solicitaba un referéndum al respecto y era partidaria de la municipalización de estos servicios.

Ambos grupos hicieron hincapié en el coste que han supuesto las mesas de contratación del proceso de adjudicación, aspecto ante el que el portavoz municipal aseguró que "estas mesas no le han costado un céntimo al Ayuntamiento, puesto que ya iba recogido expresamente en el pliego de condiciones, que el coste de las mismas lo asumirían las empresas adjudicatarias, y así ha sido en todo momento", señaló en el comunicado.