El Ayuntamiento de Punta Umbría ha trasladado a la Audiencia Nacional la reclamación patrimonial contra la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por los graves daños en las infraestructuras de la playa de El Portil.

Según el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, “la inacción del Estado está ocasionando un daño tremendo a los vecinos de El Portil, que han pasado otro verano más sin playa y sin una explicación de la Dirección General de la Costa y el Mar, el órgano competente en esta materia”. Además, ha señalado que los vecinos de este núcleo urbano “no tienen el deber jurídico de soportar esta situación por más tiempo”. También ha calificado de “sorprendente e insólito no haber recibido respuesta del Estado a una reclamación de este calibre”. No obstante, ha añadido que “esto no va impedir que el Ayuntamiento de Punta Umbría siga usando los instrumentos jurídicos a nuestro alcance hasta obtener una respuesta”.

Para ello, el primer edil ha firmado hoy un Decreto para que se interponga un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, toda vez que el Consistorio no ha recibido respuesta en plazo a la reclamación previa que interpuso el 12 de julio, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en este asunto. También anuncia que dará cuenta de este Decreto en el próximo Pleno Ordinario.

Como se recordará, apoyado en los informes de los Servicios Técnicos Municipales y de Secretaría, el primer edil le requería al Estado que proceda a reparar los daños que ha sufrido esta playa desde el año 2017, debido a los temporales y otros fenómenos atmosféricos adversos, al tiempo que exigía una responsabilidad patrimonial por su inactividad, valorada en 2.621.497’59 euros, IVA incluido.

El referido informe de los Servicios Técnicos Municipales describe y cuantifica los daños y aporta las soluciones técnicas. Los apartados de esta descripción incluyen la erosión y pérdida de arena, los daños estructurales en las pasarelas de madera de acceso a la playa, los daños en el firme y el pavimento de los viarios de acceso a la playa, y los daños en las infraestructuras y servicios de saneamiento y abastecimiento.

Por otro lado, el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento incluye la legislación aplicable para exigir a la Administración General del Estado la responsabilidad patrimonial por los daños causados, “que no están estabilizados, sino que se agravan año tras año, debido a la inactividad y la conducta omisiva del Estado”, recoge este documento.