La Audiencia ratifica la imputación de Orta, Casto Pino y otras dos personas

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha ratificado el auto de transformación en procedimiento abreviado contra el ex alcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta (PP); su socio, A.V.G.; el que fuera concejal de Urbanismo del municipio, Casto Pino, y la esposa de este último, M.A.S. Los magistrados refrendan de este modo el auto primigenio de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Huelva, Margarita Borrego, que había sido recurrido el pasado marzo por los abogados del cuarteto procesado.

Según confirmaron a este diario fuentes judiciales, el auto de la Audiencia -que tiene a la magistrada Carmen Orland como ponente- rechaza todas las apelaciones, que esgrimían fundamentalmente dos argumentos: la falta de motivación de la causa y un claro reproche al estimar que la instructora había asumido el papel de la Fiscalía en el caso Aljaraque.

Cuatro delitos achaca la juez a los imputados, consideración que ahora también respalda la Sección Tercera en su reciente resolución. Se trata de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, de falsedad documental y de cohecho.

Se abre ahora un plazo legal de diez días para que el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado formulen sus respectivos escritos de acusación pública y que el procedimiento ponga rumbo a la celebración del juicio.

Once tomos principales y 17 anexos documentales conforman el denso sumario del caso Aljaraque, cuya investigación judicial se abrió a instancias de la denuncia que presentó el empresario y ex militante del PP Rafael Barroso en enero de 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción central. El constructor puso de relieve que Orta -que llevaba doce años al frente del Ayuntamiento aljaraqueño- y Casto Pino habían obtenido ingresos presuntamente fraudulentos por cobrar comisiones de forma supuestamente ilegal a cambio suculentos convenios urbanísticos (con hasta siete empresas inmobiliarias) y la concesión de licencias de obras en el municipio.

Concretamente, refería que las cantidades ingresadas en concepto de comisiones ilegales podrían calcularse "estableciendo el número de convenios urbanísticos, la valoración económica de los mismos, las cantidades que se establecen por convenio y los porcentajes estipulados que son abonados directamente en metálico a los señores Orta y Pino". Haciendo cuentas, Barroso llegó a aventurar que el montante obtenido podría superar los 60 millones de euros. Es decir, que Orta y Pino se habrían agenciado, según su versión, unos 30 millones de euros cada uno.

El constructor no se quedó ahí. Llegó a tipificar los delitos cometidos (fraude fiscal, falsedad documental, cohecho, contra la ordenación del territorio, prevaricación y malversación de caudales públicos) y denunció que los dos principales procesados en la causa le habían hecho "chantaje". Así, afirmó que había sido presionado para pagar 300.000 euros para conseguir una licencia municipal de obras.

En la denuncia, especificó además que los presuntos ingresos fraudulentos de los encausados se habían transformado en bienes de distinta naturaleza, desde fincas y solares a acciones, fondos de inversión, participación en sociedades, casas, viajes, caballos, joyas y vehículos de lujo.

El empresario afinó todavía más en la delación que presentó a Anticorrupción, atribuyendo al ex alcalde aljaraqueño la supuesta titularidad de 1.200 metros cuadrados de parcela urbana en La Dehesa Golf, un enorme chalé de tres plantas, un adosado en La Redondela y una vivienda en Sierra Nevada.

Barroso adjudicó a Casto Pino la compra supuesta de una parcela de 21.000 metros cuadrados por apenas 90.000 euros, otro solar recalificado en La Dehesa, una finca de 305 hectáreas y dos edificios industriales en el polígono La Raya.

La Justicia se puso manos a la obra y Juan Manuel Orta anunció su retirada del ruedo político poco antes de las elecciones de 2007. El asunto estalló mediáticamente el 1 de abril de 2008, hace más de cinco años, momento en que Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil, en una operación coordinada, detuvieron a los cuatro imputados.

Pasaron una noche en el calabozo (a excepción de la mujer de Casto Pino, a quien dejaron libre de inmediato por problemas de salud) y más de doce horas ante la magistrada Margarita Borrego antes de quedar en libertad con cargos.

Lo que en principio parecía que se circunscribía a la actividad privada de los encausados revistió otro calibre a finales de 2010, momento en que el caso Aljaraque se vinculó por vez primera a la gestión pública con la aparición en escena del delito de prevaricación. Finalmente, la juez ha optado por atribuir a los procesados el de cohecho.

La venta de suelo en Aljaraque, Corrales, La Dehesa, La Monacilla, Bellavista y Aljapark se convirtió en la principal fuente de ingresos del Ayuntamiento durante el mandato de los dos principales imputados. Extraoficialmente, se calcula que la venta de terrenos para edificar ha reportado al erario público alrededor de 120 millones de euros, cantidad equiparable al precio de La Peguera de Punta Umbría y el Ensanche Sur de Huelva. Juntos.