La Asociación de Propietarios llevará a los tribunales el coste de la tasa de basura

La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha avanzado su voluntad de llevar a los tribunales la "brutal" subida que experimentaron a partir del ejercicio 2010 las tasas públicas. La decisión se produce tras avalar sus tesis el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. Aunque el informe no es vinculante, para el ente ciudadano ello representa un respaldo moral, técnico y legal contra unas imposiciones tributarias que entiende "arbitrarias, injustas y discriminatorias".

Así lo adelantó el presidente de la asociación, Juan Gómez, tras la asamblea general que acogió ayer el Hotel Tierra y Mar en la costa almonteña.

En concreto, Chamizo insta al Ayuntamiento a que las ordenanzas fiscales reguladoras de las Tasas por Licencia Urbanística amén de la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, se "adecuen al principio de igual tributaria, eliminando toda diferenciación que no venga directamente relacionada con la diferente capacidad económica del sujeto pasivo".

El siguiente paso, si la medida no surte efecto, será "la contratación de un abogado y un procurador y acudir a un contencioso administrativo, e incluso a la fiscalía si correspondiera".

Las tasas anuales por la recogida de basuras aprobadas en 2009 para su ejecución en el 2010 durante el gobierno socialista y mantenidas posteriormente por el Partido Popular, pasaban de 105 a 150 euros para los apartamentos, mientras que los chalets harían lo propio de 135 a 185 euros. Esta presión fiscal tocó de lleno a negocios como bares, restaurantes, salas de fiestas y discotecas; los cuales vieron incrementadas su contribución a las arcas públicas de 525 a 750 euros por establecimiento, lo que representa un incremento del 37%.

No obstante, lo más fragante es que esos mismos establecimientos en el núcleo matriz pagaban 500 euros, dado que la subida experimentada era solamente de un 10%; lo que a su juicio alienta ese sentimiento de discriminación. Para más inri, en algunos casos la subida escalaba hasta en un 84,21% y para los hoteles del 47,06%.

Gómez detalla que esta situación es extrapolable a las tasas de depuración, donde recientemente "se han acometido unas obras en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que han ascendido a "4,5 millones de euros, los cuales se descontarán de los diez millones que aportará Aqualia al Ayuntamiento por sendos años en los que se extiende la concesión administrativa. Es decir, con sus impuestos los ciudadanos generan un superávit, lo que indica un desajuste en las tasas que no se corresponde con el coste de las mismas, sentencia Gómez.

En otro orden de cosas, el presidente, que fue reelegido para desempeñar el cargo tres años más, mostró su malestar con el alcalde, José Antonio Domínguez, por no cumplir su compromiso de acudir a la reunión, a la par que mostró el apoyo de la entidad a una plataforma vecinal que se está constituyendo en demanda de mejores servicios para la playa, siempre y cuando esta "petición de apoyo se circunscriba a las demandas que ha venido realizado la Asociación de Propietarios".

En este sentido, la entidad considera que la mejora de los servicios ha sido "insignificante" con el nuevo cambio de gobierno, a la par que han alertado contra el riesgo de que la playa se vea abocada a una mermar de los servicios públicos que hagan descender el número de visitantes que arriban a sus costas, convirtiendo a Matalascañas en una playa de "ida y vuelta".

Por otro lado, la prohibición del botellón y el desmantelamiento de la zona acotada en veranos anteriores en la Avenida de las Adelfas no han solucionado la problemática y perjuicios que genera esta práctica social. Así lo entiende el presidente de la Asociación de Propietarios de Matalascañas, quien advierte que la medida sólo ha contribuido a que "el consumo de bebidas en la calle se extienda a cualquier zona verde del núcleo costero", con los consiguientes perjuicios de suciedad y ruido que ello conlleva.

Como alternativa, Gómez propone habilitar una zona, dentro de las 25 hectáreas que ocupaba el Camping Rocío Playa, asentado en el Parque Dunar, donde los jóvenes puedan consumir alcohol en un espacio acotado y alejado del núcleo urbano, de forma que no comprometa el derecho al descanso de los vecinos.