Aqualia multa a los okupas con 2.400 euros por el enganche ilegal

Los okupas de las viviendas de los Camineros (en la carretera de Valverde del Camino) y los de la urbanización de la calle Huelva, ambas en el término municipal de La Palma del Condado, han comenzado a recibir cartas de Aqualia en las que se le reclama 2.359 euros en concepto de liquidación por fraude o, lo que es lo mismo, por enganchar de forma ilegal el agua.

La noticia les ha caído como un jarro de agua fría ya que los vecinos confiaban en que se les pudiera regularizar su situación y poder tener el suministro a su nombre, como insisten que "se comprometió la Junta de Andalucía". Lo cierto es que ahora se les impone una multa que tachan de "indignante" y "desorbitada". Censuran que la compañía fije "unilateralmente" una multa que, más allá del sustento legal, es "inhumana" y supera los recursos que perciben algunas familias durante todo un año.

En la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, Aqualia indica que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93, del Decreto 120/1991 de 11 de junio, en el que se establece el Reglamento de Suministro de Agua, la entidad tiene potestad para aplicar una liquidación por fraude, que "incluirá un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de tres horas diarias de utilización ininterrumpidas y durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalaciones citadas".

Dicho de otro modo: se les reclama el consumo de 365 días a razón de 4.5 metros cúbicos, equivalente a tres horas diarias, lo que hace un total de 1.643 m3.

Entretanto, una nueva familia de okupas ha accedido a una de las últimas viviendas que permanecían cerradas y cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía, que las destinó al Parque de Conservación del Personal de Camineros después de que en 1984 fueron transferidas por parte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), que las construyó hace más de 30 años. Sin embargo, algunos de estos inmuebles continúan adscritos al propio Ministerio. De ahí que el PSOE, a través de las redes sociales, reclame al "alcalde de la Palma y diputado nacional, Juan Carlos Lagares, que haga las gestiones y dé la orden inmediata para el restablecimiento del suministro de luz y agua". Le emplazan, además, a que no se vuelvan a repetir este tipo de acciones a familias necesitadas de nuestro pueblo".

Sin embargo, el movimiento okupa ha comenzado a generar fuertes conflictos vecinales. El centenar de viviendas que construyó Dolmen en el edifico los Azahares han sido objeto de actos de vandalismo y han terminado sin ventanas, puertas y sanitarios.

En la urbanización de la calle Huelva, que construyó la empresa Juan de Robles, algunos vecinos aseguraron a este periódico que "tienen miedo a vivir aquí". Insisten en que algunos inmuebles han sido okupados por delincuentes con un amplio currículo policial, a la par que denuncian los robos perpetrados en el interior de algunos adosados, así como el de la valla perimetral que da acceso a la vía del tren, con el consiguiente riesgo para los menores que juegan en la urbanización.

De igual modo, recuerda que los propietarios tendrían que haber constituido una Comunidad de Propietarios para acondicionar las zonas comunes como la piscina, si bien no ha sido posible, dado que los okupas son los primeros que alegan carecer de recursos para sufragar estos gastos.

Los afectados entienden que el "gran error" de la constructora fue alquilar el piso a personas sin recursos económicos que "pagaron un mes y no más, a pesar de que cuando firmaron el contrato conocían de antemano que tenían que abonar mensualmente 372 euros al mes.

Esta redacción se puso en contacto con la constructora para conocer su versión, pero tras solicitar un día para hacerse con la situación fue imposible obtener su explicación.