La Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha llevado hoy ante el relator de Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humamos, Olivier De Schutter, la demolición de las chabolas de personas migrantes que se produjo el pasado jueves en Lucena del Puerto.

En un comunicado de la organización, esta reclama la “implicación real” de todas las instituciones para incidir en el bienestar de estos colectivos claramente vulnerables. Para la asociación, la destrucción de las infraviviendas en el asentamiento de Lucena se produjo "sin que la Policía permitiera a estas personas retirar sus pocas pertenencias y objetos personales, de gran valor para ellas, pues son lo único que tienen".

Aseguran además en la nota de prensa que el Ayuntamiento de Lucena del Puerto "ha comenzado a destruir de manera sistemática las chabolas sin ofrecer previamente una alternativa de habitabilidad digna para estas personas, que además, cuestionan que la Policía poseyera una orden firmada para proceder al derribo, pues la pidieron pero no les fue facilitada".

La delegación de Huelva de la Apdha considera que “una vez más se ignoran y aplastan los derechos de las personas trabajan y viven en los campos de la provincia”. Para la organización existe una absoluta falta de voluntad política para solucionar el déficit habitacional de estas personas, a las que se necesita para nutrir la economía de la provincia, pero que después ven sus derechos duramente vulnerados.

La demolición de las infraviviendas se produce en plena crisis sanitaria por el coronavirus lo que, a juicio de la organización, hace aún más “sangrante” la decisión municipal. A esta situación, se suma que en lo que va de año las personas migrantes que viven en los asentamientos onubenses han sufrido cuatro incendios entre los municipios de Palos de la Frontera y Lepe, una realidad devastadora para un colectivo que lleva años esperando una solución que no llega.