Almonte implanta trabajos en favor de la comunidad para delitos menores

El Ayuntamiento de Almonte ha firmado un acuerdo de colaboración con Instituciones Penitenciarias para el "efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad", que se desarrollará "mediante la prestación de actividades de utilidad pública en su ámbito competencial".

Así se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se especifican los pormenores de este acuerdo de colaboración que permitirán que aquellas personas que tienen alguna deuda con la justicia puedan saldarla en el propio municipio condal.

Desde Instituciones Penitenciarias destacaron que en Huelva la mayor parte de personas que se acogieron a estos programas fueron, principalmente, individuos que habían incurrido en algún tipo de delito o falta en materia de seguridad vial, redimiendo su deuda con la sociedad mediante estos trabajos por los que no reciben rendimiento económico alguno.

La institución local deberá ahora facilitar "un número de plazas a los penados" con trabajos que "no tendrán, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo ya existentes y de futuro del Ayuntamiento". Además, será la institución local la que prestará a los participantes los conocimientos necesarios para que la actividad pueda ser cumplida eficazmente. Según estipula el convenio, durante el desarrollo de esta tarea el Ministerio del Interior correrá con las obligaciones para la cobertura de las contingencias que corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Desde Instituciones Penitenciarias destacaron a Huelva Información que uno de los puntos a favor de estos programas radica en que las jornadas se pliegan "al principio de flexibilidad", de tal manera que las penas y medidas alternativas tratan de compatibilizarse, "en la medida de lo posible", con "el normal desarrollo de las actividades diarias del penado" en pos de no perjudicar sus obligaciones laborales o necesidades familiares.

Quienes participan en estos programas han recibido sanciones por violencia de género, seguridad vial, delitos y faltas de lesiones, contra el patrimonio o de otro tipo que, por su levedad, el juez considera en su fallo que no ha de conllevar penas privativas de libertad, o bien que es más conveniente para su reinserción efectiva que el sancionado desempeñe algún tipo de trabajo o actividad que contribuya a mejorar la sociedad o la comunidad en la que vive.

El acuerdo con Almonte no tiene coste alguno para la administración local "ni ordinario ni extraordinario", mientras que "el trabajo que realice el penado no será retribuido"; de tal forma que "en ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral como consecuencia del trabajo desarrollado con motivo del presente convenio", puesto que el objetivo es restituir la deuda con la sociedad.

En el último trimestre en Huelva se encontraban adscritos a estos programas 266 personas. De ellos 78 lo hacían por delitos de Violencia de género; 142 de seguridad vial; 33 por faltas y lesiones; 12 por delitos contra el patrimonio; y uno de ellos por otros delitos y faltas.