Almonte atiza la brasa del urbanismo con más de cien multas

El Ayuntamiento de Almonte ha abierto en los últimos meses un centenar de expedientes sancionadores por presunta infracción urbanística a otros tantos vecinos para proteger la legalidad, según ha confirmado a esta Redacción José Villa, portavoz del equipo de Gobierno. La mayoría de las notificaciones se deben a casos que no están amparados en la preceptiva licencia municipal. La reacción municipal llega tras una década en la que han proliferado por los campos almonteños y de la provincia de Huelva contrucciones desamparadas al calor del boom urbanístico y un silencio administrativo que parece haber actuado de fuerza impulsora del ladrillo.

Pero mientras en Almonte y la Sierra se toma la decisión de combatir con multas de miles de euros el urbanismo ilegal que ha campado a sus anchas, importantes alcaldes de la provincia como los de Aljaraque, Gibraleón, Cartaya y Punta Umbría (todos del PSOE) hablan ya sin tapujos de "una especie de ley de punto y final".

El Consistorio almonteño basa su actuación en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que recuerda las potestades administrativas de intervención, inspección, protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado.

El ordenamiento sancionador aplicado por el Consistorio recuerda a los supuestos infractores que deben reponer la realidad física alterada en el caso de que las obras sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística y apunta al interesado que la resolución podrá ordenar la reposición, a su costa, de las cosas al estado inmediatamente anterior a la apreciación de los hechos, incluida la demolición de las obras que hayan sido ejecutadas en el caso de no estar amparadas en la preceptiva licencia.

Villa ha asegurado que si el Ayuntamiento no abre los expedientes "no cumplimos con nuestro papel" y asegura que ha pasado ya la época en la que los ayuntamientos cierren los ojos. El teniente de alcalde almonteño cree que lo menos que pueden hacer los ayuntamientos es "obligar a cumplir la ley, algo tan sencillo como eso".

Villa compara la situación, que afecta a decenas de vecinos de Almonte, El Rocío y Matalascañas, con "una multa de tráfico o lo mismo que aparcar mal".

A pesar de la dureza de las cartas envidas por el Ayuntamiento a los vecinos, José Villa asegura que, de momento, "no ha habido demoliciones", aunque advierte que al final puede desembocar en la "restauración de la legalidad".

La campaña de aplicación de la normativa urbanística está provocando inquietud en la localidad almonteña, un municipio afectado por el Plan de Ordenación Territorial del Ambito de Doñana, y por su propio Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). De momento, la actuación municipal lleva el camino administrativo, un recorrido que incluye sanciones que llegan hasta una imposición del 120% del valor de la obra realizada.

La actuación municipal ha provocado que los vecinos afectados por las sanciones y aquellos que en los últimos años han construido en sus pequeñas fincas rústicas comiencen a organizarse y celebren reuniones para unir su destino. 'Los Portales', argot local empleado para denominar a esta especie de 'casas de aperos', están en el punto de mira del Ayuntamiento, que ya cuenta con agentes de la Policía Local dedicados a perseguir estas infracciones. Y advierte Pepe Villa que "el delito en terreno de especial protección no prescribe".

La situación de nerviosismo ciudadano ante multas de miles de euros ha llevado al Ayuntamiento a preparar una ordenanza municipal que regula la instalación de casetas de almacenamiento de aperos de labranza en el suelo clasificado como no urbanizable en el PGOU del término almonteño.

No obstante, la normativa local es contraria a la mayoría de los Portales edificados en el ámbito almonteño, ya que define la caseta de almacenamiento de aperos de labranza como "una pequeña construcción de carácter provisional y auxiliar vinculada a la explotación agraria". Y apunta que en ningún caso podrán destinarse estas edificaciones para uso de vivienda o recreo por lo que prohibe tajantemente "la instalación de cocinas, baños u otros usos propios de las viviendas".

Como todo aplica una excepción: permite la instalación de un pequeño aseo para cubrir las necesidades higiénicas del agricultor y una toma de agua para la limpieza de la caseta.

Exige proyecto técnico, prohibe la acometida a los servicios urbanos de agua, saneamiento, electricidad y hasta antenas de recepción televisiva además de fosas sépticas o pozos negros.

Al margen de exigir que los edificios tengan acceso rodado indica que éstos estarán sujetos a la previa obtención de licencia, atenúa los movimientos de tierras y protege hasta el arbolado: no se podrá talar una superficie superior al 5% sobre lo que ocupa la planta.

También se mete la ordenanza en las condiciones estéticas y subraya que deberán respetar la arquitectura tradicional de la zona. No acepta los colores inadecuados y el Ayuntamiento se reserva la imposición de medidas de imposición paisajística. Se permite una sola caseta por parcela catastral o por unidad de concesión o arrendamiento del terreno de monte público y la caseta no superará los cincuenta metros cuadrados al tiempo que queda prohibida la construcción de otros anexos o adosados que aumenten las superficies.