La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano (Mesa de Convergencia), ha firmado un decreto de Alcaldía por el que se revocan "expresamente los nombramientos y delegaciones efectuadas" a las ediles del PP que formaban parte del equipo de gobierno: Rocío Martínez Núñez, Icíar Azabal Delgado e Inmaculada Pérez Cáceres.

Desde fuentes municipales han confirmado este extremo y han remarcado que la alcaldesa ha firmado la retirada de las competencias a las tres concejalas por "no asistir a los órganos de gobierno". El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Almonte estaba formado por Mesa de Convergencia, --que ostenta la alcaldía con dos ediles--, seis ediles del PSOE y estas tres ediles del PP.

La primera parte de la legislatura también formaba parte del pacto Independientes por Almonte, cuya edil hace más de un año dejó el equipo de gobierno. Asimismo, estaba previsto que a mediados de junio se llevara a cabo el cambio en la Alcaldía que hasta ahora lidera Rocío del Mar Castellano (Mesa de Convergencia) y que se cambiaría por un edil socialista, pero esto aún no ha sucedido.

La crisis en el gobierno local de Almonte se ha agudizado desde que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado acordara la apertura de juicio oral contra el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Almonte, el socialista José Miguel Espina, por el caso relativo a unas obras de apertura de un camino en el Médano del Asperillo, --acantilado de dunas fósiles que se extiende entre las playas de Matalascañas y Mazagón dentro del Espacio Natural del Doñana--, "sin el permiso correspondiente para ello".

A partir de este hecho, el PP solicitó la dimisión del concejal o el cese de sus competencias e incluso este lunes lo exigió el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. Por ello, ante la expulsión de las concejalas del PP del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte y la retirada de sus competencias, el PP almonteño ha indicado que la decisión de la alcaldesa se produce "como consecuencia de la exigencia de los populares de que el concejal del PSOE imputado por el caso Asperillo cumpla con el código ético no sólo de su partido sino de las tres organizaciones que formaban la coalición".

Desde el PP almonteño han indicado que las concejalas del PP han transmitido "en todo momento y en cuantas reuniones se han producido" en el seno del equipo de gobierno la necesidad de que José Miguel Espina abandonara su cargo mientras se esclarece su situación procesal "para evitar enturbiar así el buen funcionamiento y que no se empañe el nombre de la institución de todos los almonteños".

En este punto, han recordado que "lo mismo pidió la formación de la alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, que más tarde, tras una reunión con el PSOE en su despacho de alcaldía, a la que no se permitió la entrada del PP, cambió completamente de opinión por motivos que los populares desconocen".

Así las cosas, las concejales populares comunicaron al resto del equipo de Gobierno que, "mientras no se tomaran las medidas recogidas en el código ético de las tres formaciones respecto a José Miguel Espina, no volverían a asistir a sesión plenaria alguna". Por ello, "y tal y como habían avisado con antelación", las concejalas no asistieron el último pleno ordinario.

De hecho, los populares han recordado que la formación Ilusiona, a través de un comunicado, indicó que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte, Miguel Espina, "había solicitado a cuatro integrantes de Ilusiona el apoyo para desbancar definitivamente a Rocío del Mar Castellano de la Alcaldía almonteña", ofrecimiento que rechazó el socialista en declaraciones a Europa Press.

El pasado viernes, como han proseguido desde el PP, las concejalas populares fueron convocadas a una reunión de urgencia en la que la alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, "les dio a elegir entre salir voluntariamente del equipo de gobierno y conservar así la secretaría de grupo con la que cuentan todos los partidos del Consistorio o ser expulsadas y despojadas de sus competencias y perder también esta secretaría".

Tras destacar que las ediles expulsadas son "cumplidoras, honradas, honestas, leales y sin tacha", han lamentado que se mantengan al concejal socialista procesado, "sobre el que pesa una petición de condena de cuatro años de cárcel y 15 de inhabilitación, atendiendo solo a criterios partidistas y sin pensar en el bienestar de los ciudadanos de Almonte".

Para el PP almonteño, este comportamiento es "inaudito y totalmente injusto, muestra de una soberbia insoportable e intolerable para la máxima responsable de un municipio del peso de Almonte". "El chantaje, las amenazas y el maltrato que han soportado las concejalas del PP en los últimos días no se pueden consentir, como tampoco debe ser ignorado que estas concejalas han sido castigadas por exigir un comportamiento limpio y ejemplar dentro del equipo de gobierno", han dicho.

A partir de ahora, "el PP de Almonte seguirá cumpliendo con su deber y con la encomienda de sus electores, de forma independiente y totalmente autónoma, como ha venido haciendo hasta ahora, en conciencia y en línea con su hoja de ruta y sus premisas ideológicas, trabajando por el presente y el futuro de Almonte aunque ahora, desde la oposición", han concluido.

Las elecciones municipales de 2019 dejaron un escenario complejo en Almonte, donde el partido Ilusiona del exalcalde socialista Francisco Bella logró nueve ediles frente a los seis del PSOE, tres el PP, dos Mesa de Convergencia e Independientes por Almonte, uno. Por ello, el acuerdo entre estos cuatro partidos (posteriormente la edil de Independientes salió del acuerdo) llevó a Ilusiona a la oposición, pese a haber ganado las elecciones.