Alcaldes reclaman ayudas y normas ágiles para construir casas agrícolas

El I Encuentro Onubense sobre Alojamiento de Temporeros, organizado por Arquitectos y Urbanistas S.L., sirvió ayer para poner de manifiesto las distintas posturas que defienden los colectivos implicados, desde políticos hasta arquitectos, empresarios y administraciones públicas. En principio pueden parecer diferentes pero el objetivo final es común, pues la aspiración general es que los municipios freseros se adapten sin traumas a la masiva llegada de temporeros durante la campaña agrícola, fundamentalmente la de recolección de fresa.

La primera mesa redonda de la jornada abordó los problemas para la gestión del alojamiento temporal. Los alcaldes de Moguer y Palos, Juan José Volante y Carmelo Romero, respectivamente, coincidieron en reclamar una normativa que agilice los trámites para que los empresarios puedan construir de forma ágil los alojamientos que tienen que prestar obligatoriamente a los temporeros que se desplazan hasta la provincia de Huelva. Al mismo tiempo señalaron la necesidad de que la administración ayude económicamente en la construcción de los alojamientos en base a que la agricultura es una parte importante del tejido económico de sus términos municipales.

El alcalde de Bonares, Juan Antonio García, junto al de Cartaya, Juan Antonio Millán, defendió el modelo que ha establecido este último término municipal con albergues para los contratados en origen, aunque García también reconoció el riesgo que este tipo de estructuras crean como la creación de guetos o que facilitan que los temporeros se queden tras la campaña. El alcalde de Bonares insistió también en la importancia de poner en marcha programas sociales y culturales que favorezcan la integración de la población extranjera.

Por parte de la administración participaron los técnicos Joaquina Laffarga, jefa de servicios de vivienda Protegida de la Junta, y José Ángel García, arquitecto de Epsa en Huelva. Ambos coincidieron en que el modelo ideal de las viviendas para temporeros debe tender a la concentración en los núcleos urbanos frente a la dispersión en los campos agrícolas. Esto facilitaría la integración así como la prestación servicios públicos básicos. Este mismo argumento defendió el jefe de servicios de la delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio, Jesús Barroso.

Esta postura encontró, sin embargo, el rechazo de los políticos que apuestan por buscar soluciones al modelo ya establecido de viviendas agrícolas en las fincas en lugar de "crear zonas fantasma" en los núcleos urbanos, según Volante.

Los alcaldes hicieron hincapié en la escasez de recursos con los que se encuentran las arcas municipales a la hora de prestar servicios a la población de temporeros que, en muchas ocasiones, llega a igualar a la del propio pueblo. Los gastos que tienen que hacer los municipios van desde los servicios públicos hasta el levantamiento de asentamientos.

Carmelo Romero aprovechó para criticar que la Junta haya retirado a algunos municipios y de un plumazo las ayudas correspondientes a las oficinas del temporero y trabajadores sociales de apoyo a la inmigración. En este caso están ayuntamientos que reciben un número importante de contratados en origen como Palos, Moguer o Lucena.

El presidente de la asociación empresarial Freshuelva, José Manuel Romero, dejó claro que los empresarios agrícolas no quieren construir viviendas en sus fincas pero que se ven en la obligación para dar alojamiento a los temporeros. En lugar de instalaciones definitivas, apostó por utilizar construcciones modulares, que garantizan la habitabilidad tanto como las fijas y que ofrecen la posibilidad de ser retiradas "cuando el empresario estime que la producción agrícola no es rentable".

Un problema añadido en los municipios agrícolas orientales, donde se encuentran Moguer y Palos, es su ubicación junto al espacio protegido de Doñana, lo que regula las construcciones a través del POTAD.

Para trabajar en la campaña agrícola onubense se desplazan anualmente alrededor de 60.000 temporeros agrícolas, de los que unos 30.000 son extranjeros contratados en origen, que suelen vivir en las fincas.

Este I Encuentro, que tuvo lugar en el salón de la Caja Rural, se desarrolló a lo largo de toda la jornada de ayer en la que se celebraron diversas mesas redondas para debatir cuestiones como 'Campo o ciudad. Ventajas e inconvenientes', que presidió la concejala de Medio Ambiente de Almonte, Azucena León; 'Impactos demográficos, ambientales y socioeconómicos' que presidió la delegada provincial de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, María Esperanza Cortés; 'La dificultad del técnico frente al actual marco normativo' que presidió el jefe de servicios de la Delegación de la Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Jesús Barroso; y por último la arquitecto urbanista Noemí Sanchís, como organizadora del encuentro, defendió la necesidad de buscar un nuevo modelo normativo, habitacional, social y económico.