La Junta de Andalucía no tiene intención de modificar el Plan Especial de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana. Así se desprende de las declaraciones realizadas por el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, en el último Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana.

A preguntas de las organizaciones conservacionistas, el delegado aseguró que la modificación del conocido también como Plan de la Fresa no está en la agenda y que por tanto la Administración andaluza no contempla su revisión.

Según informaron estas organizaciones, además, el presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes, advirtió que todo cambio del plan debe pasar por este organismo y que lo más probable es que contara con el voto en contra.

El PP había anunciado su intención de modificar el Plan Especial de Ordenación para que “el agua llegue a todos los agricultores de la comarca del Condado y para otorgarles seguridad jurídica”. Para ello, esgrimió que cuando la Junta aprobó el Plan de la Corona Norte dejó fuera de la ordenación de regadíos cientos de hectáreas de agricultores que venían históricamente regando sus campos en el entorno de Doñana.

Agricultores del Condado demandan la inclusión de 2.000 hectáreas que se quedaron fuera del plan

El propio presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, afirmó que el nuevo Gobierno cambiaría el plan, “un compromiso de Juanma Moreno que lo incluyó en su programa electoral, para que el agua llegue a todos los agricultores y puedan regar sus tierras”.

El parlamentario del PSOE de Huelva y coordinador de la Secretaría General de los socialistas andaluces, José Fiscal, sin embargo, advirtió en su día que modificar el plan de los regadíos es “jurídicamente imposible”.

Fiscal esgrimió que el trasvase de agua desde la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir está íntimamente ligado al plan y si éste se derogara la tramitación de la trasferencia se pararía; más allá de que es una exigencia de la Unión Europea.

El Pleno del Parlamento andaluza rechazó en 2016 una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el PP en la que se pedía un acuerdo con el objetivo de revisar el plan y garantizar la “seguridad jurídica” y la “continuidad” a las más de 9.000 hectáreas afectadas. Todos los grupos políticos de la Cámara regional excepto el grupo popular: PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos rechazaron la propuesta.

Cerca de 4.000 alegaciones presentaron los ayuntamientos y las comunidades de regantes como, sobre todo, de particulares durante el periodo de exposición pública del plan, referidas principalmente a la insuficiencia en la dotación de recursos hídricos y a la delimitación de los suelos regables, alegaciones que fueron resueltas en su mayoría. La incorporación de las alegaciones admitidas motivó la redacción de un nuevo documento.

Reclamaciones

Sin embargo, quedaron algunos flecos pendientes como las reclamaciones presentadas por los agricultores del Condado, cuyas parcelas fueron inicialmente excluidas de las hectáreas regularizables. Una superficie que englobaba a 315 hectáreas y a 32 agricultores, que el plan determinaba que no eran regularizables, pero que tras su revisión sí lo fueron.

Otras hectáreas dedicadas al cultivo de la fresa quedaron definitivamente fuera de la ordenación. Se trata de unas 2.000 que, cinco años después de la aprobación definitiva del documento (16 de diciembre de 2014), son todavía objeto de polémica. Y es que el plan, que afecta a una superficie de 64.457 hectáreas, delimita como suelos agrícolas los terrenos en regadío en 2004 (fecha de entrada en vigor del Potad), y sobre los que se ha comprobado que han mantenido su actividad en los siguientes años.

Según los agricultores afectados, el plan de los regadíos no solo se retrotrae a 2004 sino que lo hace hasta 1992 (en aplicación de la Ley Forestal de Andalucía) un hecho que provoca que un número importante de hectáreas que, aún siendo a fecha de aprobación reflejada en la cartografía oficial del plan como suelo agrícola regable y cumpliendo con los criterios definidos, fueron determinas como no regularizables.

Finalmente, el plan determinó una superficie de regable de 9.098 hectáreas en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana de Condado.