Absuelven a un ex concejal socialista de un delito de corrupción urbanística
El juez también exculpa al exsecretario del Ayuntamiento de Almonte
El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva ha absuelto a Francisco Agustín Periañez, concejal del PSOE en Almonte entre 2007 y 2008, y al que fuera secretario de la Corporación municipal entre 2005 y 2008, J.A.A.A., en una causa seguida contra ellos por presunta corrupción urbanística.
Tanto el fiscal como la acusación particular, ejercida por el actual alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias (PP), consideraban a ambos autores de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en relación con una operación urbanística desarrollada en la localidad para la creación de un nuevo polígono industrial.
En la sentencia se considera probado que Periáñez, junto a otras dos personas, tenían constituida la entidad Alianza Interdisciplinar para el Desarrollo y que en septiembre de 2006 se constituyó la entidad Polígono Industrial Doñana S.L, de la que la anterior entidad, junto con otros, fue nombrada administradora.
El 22 de agosto de 2006 se presentó en el Ayuntamiento de Almonte un escrito pidiendo el cambio de uso del terreno expresamente adquirido por tales promotores en el paraje denominado Rompecoches y la constitución de un nuevo polígono industrial y nueve meses más tarde se presentó un borrador de protocolo de voluntades entre Ayuntamiento de Almonte y Polígono Industrial Doñana S.L -cuya representación ya no la ostentaba el concejal- en el que también intervenía J.A.A.A. en representación de sus tías.
En el protocolo se adoptaba el compromiso de suscribir un convenio urbanístico para la ejecución y viabilidad de un sector del suelo industrial, para lo que la entidad Polígono Industrial Doñana S.L aportaba dos parcelas, ambas adquiridas cuando Periáñez era su representante, y las tías de J.A.A.A. otra finca.
El protocolo fue aprobado por la Junta de Gobierno local y firmado en mayo y tras la emisión de todos los informes favorables oportunos se aprobó en pleno en septiembre de 2007 el convenio urbanístico para dotar al municipio de suelo industrial, aunque no intervino en la deliberación y votación el concejal, y sí J.A.A.A. en calidad de secretario accidental.
El convenio se firmó el día 3 de octubre de 2007 y en marzo de 2008 los promotores manifestaron al Ayuntamiento su común acuerdo de renunciar al convenio aprobado, solicitando se dejara sin efecto, algo que se hizo.
Entiende el juez que "no ha resultado acreditado" que los acusados llevaran a cabo actividades contrarias a lo previsto en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública y en el Texto Refundido de Régimen Local. En este caso, dice la sentencia, "ni la actividad particular desarrollada por los acusados incidió en el ámbito concreto de su función pública, ni se vio comprometida su imparcialidad en aquellos actos en los que no participaron o si lo hicieron, cumplieron funciones estrictas dentro de la legalidad, no incurriendo en ilegalidad o incompatibilidad alguna".
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