En un mundo que se aleja de la multilateralidad que ha caracterizado, desde 1945, el mayor periodo sin guerras de la historia del viejo continente, el sector de la Defensa está protagonizando, no sólo a nivel europeo, los principales retos de inversión que, con carácter preventivo, deben abordar los Estados soberanos en el año 2025.
En este contexto, España ha decidido, quizá de forma no tan soberana, aumentar su gasto público en Defensa desde el 1,51 % del PIB en 2023, hasta el 2% en 2025, con una importante presión para que los próximos años lo acerque hasta el 5%, con un esfuerzo adicional de más de 45 mil millones de euros, una cifra nada desdeñable.
No debemos olvidar que, en esta materia, nuestro país, como la mayoría de los países europeos, tiene una dependencia esencial de los Estados Unidos por su liderazgo en la OTAN y porque a ella van a parar más del 65% de los recursos de sus capítulos presupuestarios en Defensa.
Frente a ese tráfico de divisas, parece clara la necesidad de España, y también de Andalucía, de reforzar nuestra actividad industrial para poder absorber la cuantiosa inversión del país en Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio que, según la patronal del sector, generó en 2023 un impacto económico de 2.566 millones de euros en Andalucía –el 1,35% de nuestro PIB–, y más de 25.000 empleos.
Para ello, partimos de la presencia en Andalucía de grandes empresas como Airbus, Navantia, Santa Bárbara Sistemas, Ghenova, Escribano, Aerotecnic, y otras tantas empresas emergentes que participan de la cadena de suministro y que forman parte del exitoso clúster Andalucía Aerospace o del Hub Defensa Andalucía, impulsado por Fedeme.
Pero son muchos los retos pendientes de una industria, que además de ganar en tamaño –conocido es el esfuerzo gubernamental de generar un Indra competitivo–, debe atender a retos singulares derivados del repentino aumento de las necesidades militares.
El primero, quizá, es la necesidad de especialización tecnológica y competencia global de un sector de elevadísimas exigencias tecnológicas (fabricación avanzada, I+D +i, digitalización, sistemas de misión, drones, etc.) sin las que la industria andaluza quedará fuera de los grandes programas (futuros vehículos, sistemas de combate y otros) que podrán acaparar grandes grupos internacionales que, desde luego, hoy, nos ganan en dimensión. El reto no es sólo estar en la cadena de valor, sino escalar para poder liderar subcomponentes o sistemas completos en un futuro.
También avanzar en tecnologías de doble uso, tanto para el ámbito civil como militar, ampliando mercados y mejorando la rentabilidad, con menor exposición al riesgo de dependencia de contratos puros de defensa.
Y aunque el mercado español de la defensa debe ser lo suficientemente relevante para absorber toda nuestra oferta de producción industrial, también debemos exportar y diversificar nuestra cartera de clientes y no depender solo de adjudicaciones nacionales. Salir al exterior implica retos adicionales, que van desde entender regulaciones de defensa, hasta establecer alianzas internacionales.
Para todo ello, debemos seguir especializando nuestro talento en ingeniería, electrónica, software embarcado y en otras tantas maestrías que nuestras universidades deben ser capaces de ofrecer. Capacitación de alto nivel que nos ayudará a ser competitivos, a través de más de I+D e innovación tecnológica.
Aunque Andalucía parte de grandes empresas tractoras instaladas, centros de I+D, ciertas infraestructuras o de ayudas públicas, aún queda mucho por hacer para que la industria de la defensa aproveche el gran momentum para que aporte a la región un enorme valor añadido, impulso tecnológico y empleo estable cualificado.
Todas estas claves ayudarán a trazar la estrategia y ruta necesarias para afianzar la participación de las empresas andaluzas en este sector capital, hoy, de la industria global en un mundo cada vez más fraccionado.
