Hay una verdad incómoda que preferimos no mirar de frente: los niños no tienen derechos reales. No porque no existan leyes, convenios o declaraciones solemnes que los nombren, las hay y muy bien redactadas, sino porque los derechos solo existen cuando alguien puede ejercerlos. Y los niños no votan. No tienen dinero. No pueden pagarse abogados. No tienen acceso al espacio público. Dependen completamente del mundo adulto, y eso los deja, demasiadas veces, desprotegidos.
Si miramos el mundo desde la altura de un niño, esa altura desde la que todo parece enorme, confuso y arbitrario, la indefensión es evidente. Los niños observan. Escuchan. Aprenden. Pero no deciden. No mandan. No cuentan. Son espectadores de un sistema que habla constantemente sobre ellos, pero rara vez con ellos.
El cine lo ha entendido mejor que la política. En los films El espíritu de la colmena, La lengua de las mariposas o Los 400 golpes, la infancia no es un territorio protegido, sino un lugar donde se recibe, sin defensa posible, la violencia, el silencio y las contradicciones del mundo adulto. El niño no juzga, mira. Y lo que ve, le marca para siempre.
Como sociedad hemos avanzado en muchas luchas. Por ejemplo, cada acto de violencia contra una mujer genera una reacción pública inmediata. Hay condena social, debate político, manifestaciones, titulares. No siempre suficiente, pero sí visible. Existe un consenso creciente: la violencia machista no se tolera ni se silencia. Con la infancia, no ocurre lo mismo.
Ahí están los casos recientes. El de Garrucha o el de menores muertos tras largos episodios de abandono, negligencia o violencia extrema. Historias que nos sacuden unas horas y después se diluyen. No generan una revisión profunda del sistema ni provocan cambios estructurales. No colocan al menor en el centro del debate ni colman las intervenciones del congreso de los diputados. Y, en ese vacío, aparece una emoción incómoda, casi prohibida, la idea de la venganza.
¿Y si existiera un “comando” que aniquilara a las personas que ejercen el crimen contra los niños? La sola formulación resulta políticamente incorrecta. Inaceptable. Bárbara. Y, sin embargo, la pregunta aparece. No como deseo real de violencia, sino como síntoma de otra cosa, de la impotencia absoluta ante un horror que no encuentra respuesta proporcional en el sistema. Cuando el castigo es tibio, la protección llega tarde, los mecanismos fallan una y otra vez, la pulsión de justicia se deforma. Se vuelve rabia.
A eso se suma otro fenómeno inquietante, la necesidad de tapar los rostros de los monstruos adultos. Ocultamos sus nombres. Pixelamos sus caras. Hablamos de entornos vulnerables, contextos complejos o salud mental. Todo ello puede ser cierto. Pero también funciona como cortina de humo, porque hay una línea que no debería cruzarse nunca.
¿Los derechos del adulto están por encima de los del menor? ¿Y cuándo un adulto demuestra, de manera irreversible, que no puede proteger una vida dependiente? La madre del niño de cuatro años muerto en Garrucha tras ser brutalmente violado y torturado por la pareja de esta, dejó que muriera sin hacer nada. No hubo socorro ni auxilio. Lamento decirlo, pero esta mujer aun enferma, víctima, maltratada, que ha permitido que un menor muera agonizando, no puede hacerse cargo del nuevo hijo del que está embarazada. No es una cuestión de castigo ni de ideologías. Es una cuestión de jerarquía de derechos. El bebé que viene no es una abstracción ideológica: es un ciudadano del futuro. Un cuerpo delicado que no puede elegir. Y protegerlo no es un acto de crueldad hacia la madre: es un acto de responsabilidad colectiva.
Los niños no tienen ni lobby, ni representación política, ni abogados propios, por eso sus derechos son frágiles. Y mientras sigamos matizando y relativizando la violencia que los atraviesa, protegiendo antes al adulto que al menor, temiendo más la incorrección que la injusticia, los niños seguirán siendo los grandes olvidados del sistema.
