Santo Tomás de Aquino definía la Ley como “quaedam rationis ordinatio ad bonum commune ab eo qui curam communitatis habet promulgata” (“cierta ordenación de la razón destinada al bien común y promulgada por aquel que tiene a su cuidado la comunidad”). Es decir, la Ley no es un ejercicio caprichoso, fruto de la improvisación, sino que nace de la razón; no tiene más fin que beneficiar a la comunidad y corresponde promulgarla a quienes la representan legítimamente.
Con esta intención, la de mejorar la sociedad, nace hace cuatro años una Ley que pretende proteger a la infancia y adolescencia, con el objetivo de salir al paso de todos los riesgos que les acechan. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable sobre el que hay que afinar el cuidado para procurarles entornos saludables que favorezcan su desarrollo armónico.
Siguiendo en cierto modo el espíritu clásico que late en Esparta, aunque con una orientación bien distinta, la preocupación por los menores escapa de su espacio familiar para ser competencia de toda la sociedad, de la tribu en expresión recurrente de José A. Marina. A todos y todas afecta y por ello aguzar el oído es una obligación ciudadana.
Con este objetivo, el legislador, con buen criterio, ha creado una norma para vigilar el caldo de cultivo donde se desarrollan los menores, saliendo al paso de las violencias a que están expuestos, para detectarlas, prevenirlas y denunciarlas si procede, siguiente protocolos establecidos. Y quienes nos dedicamos a trabajar en entornos donde hay menores debemos tener la formación que limpie el ojo de nuestro rádar y nos haga corresponsables de su educación. Centros educativos de todos los niveles, clubes deportivos, ludotecas, empresas de tiempo libre, hoteles… Cualquier lugar donde se interactúe de alguna forma con menores está obligado a formarse en Lopivi.
Un bulliyng o ciberbulliyn en la escuela, una situación familiar que provoca negligencia en el cuidado, una adicción que arranca, un cambio prolongado de ánimo, un descuido académico significativo, un aislamiento, incluso buscado, pueden ser prácticas o huellas de una situación de violencia y provocar efectos muy serios, pudiendo desencadenar situaciones irreversibles en el peor de los casos.
La Lopivi quiere poner su parte para que la prevención sea el mejor camino. Pero ello sólo será posible si todos los agentes actúan. La Administración, nacional y autonómica, facilitando cauces, exigiendo y cumpliendo ejemplarmente en su ámbito con la obligación que mandata la norma. Las empresas privadas, llevando a cabo con seriedad la formación que facilite esos entornos seguros. No se puede normalizar el incumplimiento de la Ley aunque sólo sea porque puede derivar en serias consecuencias personales y jurídicas. La Inspección, dado lo sensible del asunto, tiene un papel importante para evitar que una normativa que sitúa a España en el pódium de la preocupación por el menor, siguiendo indicaciones de las Naciones Unidas, se convierta en un texto sin vida, en una Ley que duerme en el baúl del olvido desde su aparición en el BOE.
La reiterada expresión que muchas veces se emplea para justificar la inactividad “no nos hemos dado cuenta”, no va a servir de nada si no se ha tomado la medicina para intentar evitarla. Porque precisamente es lo que pretende la Lopivi, que nos demos cuenta, para minimizar en la medida de lo posible los riesgos que pueden padecer nuestros menores.
Ojalá el aspecto punitivo que acompaña a toda Ley no sea motivo para su desarrollo, sino la conciencia de que entre todos y todas construimos la sociedad y en esa arquitectura los menores son piezas clave de presente y de futuro.
