Publicidad engañosa en temas de salud

En los últimos años la preocupación por la salud ha adquirido una dimensión social y cultural que trasciende los asuntos puramente médicos. Es en ésta donde la publicidad de productos sanitarios con dudosa eficacia ha tenido su mayor auge, situándose en ocasiones fuera del marco de los códigos éticos que rigen la información.

Una publicidad veraz, objetiva y contrastada es positiva y necesaria en una sociedad como la nuestra, donde priman los excesos informativos y las medias verdades, pero la promoción de productos sin evidencia científica como las pseudoterapias, las informaciones falsas sobre las vacunas o los anuncios que fomentan las adicciones, entre otros, son su cara más negativa.

En la actualidad, internet es la principal fuente de contenidos publicitarios en paralelo con las redes sociales donde proliferan las webs dedicadas a la promoción de servicios sanitarios, propiciando una intoxicación informativa de difícil control.

La publicidad en general, y en particular la referida a productos sanitarios, tiende a magnificar el impacto de los beneficios y a minimizar los riesgos, utilizando una información limitada y sesgada que llega a un número elevado de usuarios a través de distintas estrategias de mercado entre las que se encuentran la utilización de influencers.

Es este, sin duda, un problema importante que precisa de una reflexión ética, social y jurídica. Porque, además de sus consecuencias sobre la salud, la publicidad deshonesta e irresponsable en esta materia, que no sigue los principios de legalidad, veracidad y responsabilidad social, atenta contra la dignidad de las personas limitando su autonomía e independencia en la toma de decisiones y haciéndolas más vulnerables al engaño.

En este sentido, el Comité de Bioética de Aragón elaboró hace unos meses un informe sobre la publicidad engañosa en cuestiones de salud donde se analizaban sus implicaciones éticas y sociales y se hacía una serie de propuestas con las que suscitar el esperado debate social sobre el tema.

En sus conclusiones el Comité apelaba a la necesidad de conocer el alcance real del problema, que va más allá de presentar los casos particulares de afectados por la publicidad desleal, estudiando el impacto que este tipo de información tiene sobre el consumo de productos y servicios que afectan negativamente a la salud, con especial interés en los grupos sociales más desfavorecidos.

Porque, si bien en España existe una abundante legislación que regula la publicidad y que está dirigida principalmente a la propaganda comercial de productos, bienes, actividades y servicios que son susceptibles de generar riesgos para la salud, se hace necesario un mayor protagonismo de los poderes públicos para su control.

Pero, aun siendo esto relevante, existen numerosas estrategias de mercado como el uso de personas con capacidad de influencia en la opinión pública para difundir información sobre temas de salud, que escapan con frecuencia al marco normativo. Por ello, también se hace una llamada a la responsabilidad de los influencers para que reflexionen sobre las consecuencias de su intervención y se nieguen a promocionar productos de eficacia no demostrada que puedan inducir al engaño, generar falsas expectativas y dañar la salud de las personas.

Y dadas las implicaciones que este asunto tiene en la salud pública, el Comité de Bioética consideró la conveniencia de realizar desde las instituciones campañas divulgativas para que los ciudadanos dispongan de una información clara y rigurosa con la que poder identificar la publicidad fraudulenta en servicios y productos sanitarios.

Sobre esta última recomendación ya se han comenzado a dar los primeros pasos con una iniciativa conjunta del Ministerio de Sanidad y el de Ciencia que, con el objetivo de garantizar el derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución, pretende frenar el uso de las pseudoterapias, delimitando las prácticas sin evidencia científica y sensibilizando sobre sus riesgos en los medios de comunicación y a través de actividades formativas dirigidas a los más jóvenes.

Conscientes de que en esta sociedad las cuestiones que repercuten en la salud de las personas no pueden quedar al albur del libre mercado, se debe exigir a las instituciones públicas un plus de responsabilidad para que, más allá de hacer valer los derechos, pongan a disposición de los ciudadanos una información veraz que garantice la elección en libertad y que proteja del fraude a la población más vulnerable.