Todas las guerras nos enfrentan a lo peor de la condición humana. La invasión de Ucrania por parte de Rusia no es una excepción, sino más bien todo lo contrario. Deja ya tras de sí un reguero de crímenes contra la población civil del que algún día sus responsables deberían dar cuenta ante los tribunales internacionales. La retirada de las tropas enviadas por Vladimir Putin de las posiciones que ocupaban en las inmediaciones de Kiev ha permitido descubrir ejecuciones sumarias de civiles que han sido encontrados maniatados y con disparos en la cabeza. El número se cuenta, por ahora, por decenas, aunque lo más seguro es que en los próximos días tengamos nuevas muestras del terror que se impuso en las localidades que los rusos han ocupado durante un mes y que ahora se han visto obligados a abandonar. Pero no este el único atentado contra las convenciones internacionales: los bombardeos contra emplazamientos de la ciudad de Mariupol donde constaba que se refugiaban mujeres y niños es otra página negra que ya ha quedado suficientemente acreditada. En ambos casos han sido medios de comunicación occidentales los que han logrado trasladar al mundo lo que estaba pasando en el país invadido. Ahora toca a la comunidad internacional arbitrar una respuesta en forma de nuevas sanciones a Rusia que haga saber al sátrapa del Kremlin la indignación que produce en el mundo libre su actuación. En Ucrania se están cometiendo crímenes de guerra, como ocurrió en Yugoslavia en los conflictos étnicos de la última de la última década del siglo pasado, por remontarnos sólo al precedente más reciente en suelo europeo. De hecho, algunos comparan la matanza que se ha descubierto en Bucha con la que perpetraron en 1995 los serbios de Bosnia en Srebrenica. Ese crimen llevó al banquillo del Tribunal Penal Internacional a sus principales responsables. En este caso debe ocurrir algo similar. Occidente no puede permitir que en pleno siglo XXI el imperio de la barbarie pueda quedar impune.