La primera ley que regula el flamenco, la seña de identidad cultural más destacada que Andalucía ha proyectado al mundo, se aprobó el miércoles en el Parlamento, 13 años después de que la Unesco declarara el arte jondo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La norma fue celebrada como se merece por los artistas, junto a las autoridades, en el patio del Parlamento. Una vez dado este paso, toca ahora concretar el espíritu que alimenta esta iniciativa, redactando un plan estratégico que le dé sentido y dotándola de una memoria económica que le permita alcanzar los objetivos propuestos. El Gobierno andaluz salda una deuda con nuestra propia historia. Urge ahora desarrollar la norma con la colaboración de de todos los sectores afectados, empezando por los artistas, a fin de reforzar su desarrollo y resolver las carencias que lo lastran. La Ley Andaluza del Flamenco no puede quedarse en un mero mecanismo de salvaguardia de las esencias de este arte, lo cual no es poco: ha de aspirar a mucho más, empezando por incluir el flamenco en la enseñanza pública reglada, desde infantil hasta la universidad. Por ahora, como anunció en su día la Consejería de Cultura, llegará a las aulas en Secundaria y se sumará a los estudios que ya se pueden cursar en la Universidad, a través del primer máster centrado en la investigación y en el análisis de esta manifestación cultural única en el mundo. Pero se puede ir más allá y no limitarse a que el flamenco pase de los tablaos y los teatros a las aulas. En paralelo, la Junta debe poner medios para que se impliquen todos los departamentos competentes en mejorar las condiciones formativas y de holomologación de los profesionales. Si se hace así, se estará mucho más cerca de colocar donde se merece esta música tan propia de Andalucía, por derecho y a compás.