Mientras en Andalucía se ha logrado un amplio acuerdo social con la participación de las dos principales fuerzas sindicales, CCOO y UGT, y con la patronal CEA, en la esfera nacional cada vez es más profunda la zanja que separa al Gobierno de Pedro Sánchez y a los empresarios representados en la CEOE. Sea porque los gurús de La Moncloa han determinado que es una estrategia electoral que los refuerza por la izquierda, sea porque los enfrentamientos internos en la coalición han disparado los niveles de sectarismo, lo cierto es que asistimos en los últimos meses a una escalada de ataques al colectivo empresarial y a empresarios en concreto que no tiene precedentes en la reciente historia de la democracia española. Grandes decisiones como la subida del salario mínimo o la reforma de las pensiones se han adoptado con la oposición expresa de CEOE, las cadenas de distribución han sido acusadas de enriquecerse con una subida desorbitada de los precios de los alimentos y una empresa y su máximo responsable han sido denostados en público por haber tomado la decisión de cambiar su sede social dentro de la Unión Europea. Estos tres casos, quizás los más notorios de una lista que se podría ampliar fácilmente, demuestran una línea de actuación clara en la que el Gobierno de coalición trata de demonizar ante la opinión pública al empresariado, identificándolo como un colectivo con nula sensibilidad social y que sólo piensa en maximizar sus beneficios. Esta actitud tiene que ver con un izquierdismo infantiloide y pasado de moda que ignora una realidad, la de la empresa como motor de creación de empleo y riqueza, que, por obvia, no merece mayor profundización. Una vez más, conviene resaltar el desvarío en el que parece instalado el Gobierno en relación a políticas que no pueden estar sometidas a intereses coyunturales y estrategias partidistas. Atacar al empresariado no sólo es un error, es una deslealtad a la esencia misma del modelo constitucional español.