EDITORIAL
El plan médico de la Junta
Las revelaciones que se están conociendo sobre las prácticas presuntamente irregulares protagonizadas por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en los equipos de Mariano Rajoy, a través de un despacho profesional, llegan a la opinión pública en un momento en el que el partido en el Gobierno, el PSOE, se ve acosado por una serie de investigaciones judiciales que apuntan a la existencia de una trama corrupta para la concesión de obra pública instalada en el Ministerio de Transportes y el mismo núcleo central de la dirección socialista. El hecho de que los casos que estos días ocupan grandes espacios en los medios de comunicación afecten a los dos partidos mayoritarios demuestra que la corrupción es un mal sistémico en la política española, tan profundamente instalado, que desde los tiempos de Felipe González ningún Gobierno ha estado libre de sombras de sospechas que, desgraciadamente, en un buen número de ocasiones se han confirmado. Se pueden contar por decenas los planes de regeneración de la vida pública que se han anunciado desde el poder o las medidas de supuesta transparencia que se han puesto en marcha. Pero lo cierto es que nadie ha sido capaz de ponerle coto a un fenómeno que empobrece la democracia y que fomenta la desvinculación de los ciudadanos con la política. Las cosas han llegado a un punto tal que la Unión Europea se ha visto en la obligación de expresar su preocupación ante el clima de corrupción que impera en el país y reprochar a España la falta de agilidad en la investigación de las denuncias. La sensación de corrupción lastra la imagen de España en el exterior y, además, propicia que muchos ciudadanos, sobre todos jóvenes, rechacen a los partidos tradicionales y caigan en los postulados populistas. Es urgente poner fin a este estado de cosas, pero las posibles soluciones se topan con la cada vez mayor desconfianza que proyectan los políticos.
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