La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una institución que se considera de referencia mundial en cuestiones medioambientales, ha sacado a Doñana de su Lista Verde en la que se incluyen las principales reservas naturales. La UICN considera que Doñana no cumple ahora los estándares de conservación y gobernanza que desde 2015 lo colocaban en la élite de la biodiversidad. Es la primera reserva ecológica que pierde esta categoría de los 77 enclaves que figuraban en el listado. La decisión supone una constatación más de que el parque nacional arrastra problemas muy serios que durante los últimos años se han agravado, tanto por factores naturales, la sequía fundamentalmente, como por una mala gestión, sobre todo por la esquilmación de su acuífero para usos agrícolas. El anuncio llega pocas semanas después de que, por primera vez en mucho tiempo, se diera un paso adelante para encarar una situación que supone un deterioro de la imagen internacional de Andalucía y de España. La firma de un acuerdo entre la administración regional y la central para encauzar la falta de agua en el parque y dejar sin efecto el intento del PP y de Vox de legalizar regadíos irregulares en la corona norte es el inicio de un camino de colaboración en el que hay que seguir profundizando. Así ha sido reconocido por la comunidad científica que ha denunciado de forma sistemática la situación del parque y por organismos internacionales como la Unesco o la propia Unión Europea. Que Doñana abandone la Lista Verde de la UICN es, sin duda, un revés que afecta al prestigio del parque. Pero hubiera sido mucho más grave si la medida se hubiera adoptado en medio de la absurda guerra política que han mantenido hasta hace poco la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Ahora, por lo menos, hay una voluntad clara de afrontar las dificultades y de buscarles solución. No se van a solucionar en el corto plazo, pero la sensación de abandono que existía se ha empezado a disipar.