Hay realidades que hablan mal de nosotros, por mucho que nos empeñemos en no mirarlas de frente: Mohamed Alam, de 27 años, murió en Lepe el pasado jueves, en uno de los incendios que se han hecho tan tristemente habituales en las decenas de asentamientos chabolistas que se comenzaron a montar, desde hace más de veinte años, en torno a las explotaciones agrarias de la provincia de Huelva.

Uno de los participantes en la Jornada de reflexión en torno al sector agrícola, que se celebró hace unas semanas en la Casa Colón, precisamente uno de los habitantes de esos asentamientos, se preguntaba cuántas muertes serían necesarias para tomarse en serio la solución a este problema, toda vez que se ha demostrado que la sociedad española, cuando quiere, es una sociedad acogedora. Pero su pregunta caía en saco roto, porque ninguna autoridad ni ningún representante de la patronal agraria estaba escuchándole.

Y esa ha sido la tónica durante los últimos veinte años, salvo honrosas excepciones. En su origen, la administración estatal y el endurecimiento de la Ley de Extranjería por parte de esta, propició la creación de los asentamientos, después fue la patronal, que quería trabajadores pero se desentendía de las personas, que iba (que va) a los asentamientos a buscar mano de obra, pero luego dice que esos asentamientos no tienen nada que ver con ella, la mayoría de los ayuntamientos, que niegan a los habitantes de las chabolas incluso el derecho al empadronamiento, quienes disponen de viviendas vacías pero se niegan a alquilar por puro racismo, la Junta de Andalucía, que tiene en sus manos las políticas de vivienda y las de integración y que, a todas luces, debiera plantearse esta situación como un fracaso.

Durante los años 90 se consiguió erradicar el chabolismo en la provincia de Huelva. La situación no es peor que la de entonces y si todos los agentes que he mencionado se pusieran de acuerdo en abordar el problema y no en echar balones fuera y defenderse de las acusaciones que llegan desde instituciones, prensa e incluso empresas internacionales, podríamos repetir ese hito, podríamos dejar de lamentar incendios, heridos, muertes y, sobre todo, condiciones indignas de vida. Quien no tenga claro que esto hay que hacerlo porque es de justicia, que se lo plantee, al menos, por no dar esa imagen nefasta de nuestra provincia que puede, incluso, afectar a nuestro economía.