En enero de 2014 escribía yo en un Surcos Nuevos titulado "La república llama a la puerta" la siguiente frase: "La corrupción, como un cáncer, se ha extendido por el cuerpo social llegando a afectar a la propia monarquía". En aquel artículo afirmaba que "es el momento del relevo en la Jefatura del Estado". Se produjo en junio de ese mismo año. Pensaba entonces y sigo pensando que la monarquía constitucional es un factor de estabilidad para España y un símbolo valioso para nuestra imagen exterior.

Pero una cosa es la monarquía y otra el comportamiento de los reyes. Nadie duda de que Juan Carlos I jugó un papel esencial en la transición de la dictadura a la democracia en nuestro país, confirmado en el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Eso debemos agradecerle los españoles. Sin embargo, a pesar de la discreción con que los medios han rodeado las actividades privadas del rey, se está retirando el velo que ocultaba tanto sus devaneos amorosos como su connivencia, nada altruista, con altas esferas económicas y políticas, asuntos a veces relacionados entre sí. Es probable que, a pesar de la complejidad de la investigación que llevan a cabo los tribunales suizos, el Tribunal Supremo español termine abriendo un caso escandaloso que sería una auténtica prueba de fuego para la monarquía española.

La presunta inmoralidad del rey emérito evidentemente erosiona la imagen de la monarquía. Pero no creo que llegue a descalificarla como fórmula para la Jefatura del Estado. De igual manera que los delitos de presidentes catalanes, valencianos o andaluces no invalidan el Estado de las Autonomías. Lo que considero exigible es transparencia y control, que brillan hoy por su ausencia, de los fondos del estado asignados a la Casa Real. Y por supuesto, la inviolabilidad del rey, que le exime de responsabilidad penal, me parece un despropósito. Ciertamente Felipe VI disfruta hoy ante los españoles de un nivel de prestigio comparable al que tuvo su padre hasta los años 80. Se observa en la gira actual de los reyes por las Comunidades Autónomas, aproximación a las gentes de España que puede tener entre sus objetivos compensar el impacto negativo en la opinión pública de los hechos de su predecesor. De su responsabilidad y de la que demuestren los dirigentes de los partidos con sentido de estado depende el futuro de una institución cuya sustitución podría ser perturbadora.