La legitimidad del presidente

Se aproxima el jubileo de la Constitución y cincuenta años parecen suficientes para saber leer no sólo lo que en ésta está escrito sino también esa Constitución no escrita cuyo cumplimiento mide la voluntad de actuar conforme al espíritu del sistema. Lamentablemente, llegamos al medio siglo de vida en Constitución, normalizando episodios difusos de deslealtad a la Norma Fundamental de unos y de otros. En este caso, lo que está en juego es el eje del sistema parlamentario y quien tiene la responsabilidad de leer con lealtad la Constitución es el presidente. Nosotros –me perdone el lector por lo obvio– no elegimos al jefe del Ejecutivo sino que es el Congreso quien le otorga la confianza para gobernar. Como es sabido, este Gobierno ha incumplido la Constitución no presentando un proyecto de ley de Presupuestos en toda la legislatura. No es por vagancia que no lo ha hecho sino porque presupone que carece de apoyo parlamentario. Una presunción casi definitiva desde que uno de sus socios ha decidido convertirse en oposición. Nuestra Constitución no escrita, que también reclama lealtad, sugiere que quien dirige la política ha de tener respaldo del Parlamento. Si aparenta no tener ese apoyo, la propia Constitución ofrece respuestas. Por un lado, el presidente puede disolver las Cámaras y convocar elecciones pero también puede plantear una cuestión de confianza para demostrar que mantiene el mínimo aval del Congreso. Si nos creemos que sí se presentarán los Presupuestos, de ser rechazados, como es probable, todo lo que no sea utilizar una de estas dos opciones sería quebrar la mínima lealtad constitucional exigible. El presidente ha anunciado que con o sin Presupuestos, con apoyo del Congreso para legislar o sin él, agotará la legislatura. Esto no le convierte en ilegítimo (Aznar dixit) pero sí en un presidente desleal al régimen parlamentario y con ello a la Constitución. En este contexto, el líder de la oposición, lejos de parapetarse en un impeachment judicial disperso, como es el caso, ha de considerar que la Constitución le ofrece un instrumento para evidenciar la falta de legitimidad del presidente al mismo tiempo que afirma la suya: la moción de censura. Por más que haya sido adulterada, nuestra moción es constructiva, es decir, requiere el apoyo mayoritario al programa del candidato. Ahora bien, un programa de gobierno cuyo único punto sea la convocatoria de elecciones también es un programa, y, tal vez, en la situación en la que nos hallamos, esa parece la postura más leal con la Constitución.