Es necesario hablar sobre la situación de la minería en nuestra región, y de lo que le falta para alcanzar la cota que merece un sector industrial imprescindible en los momentos actuales.

Conviene aclarar que la actividad minera representa uno de los pocos temas en los que ha habido una clara y positiva continuidad entre las administraciones a raíz del cambio de gobierno en Andalucía. A la Administración anterior hay que reconocerle el mérito de haber cambiado la tendencia y abrirle la puerta a una minería postergada, por razones de todos conocidas, desde el comienzo de siglo. Una medida valiente, aplaudida en su día, dentro de una estrategia de gobierno arriesgada y muy bien canalizada por funcionarios entusiastas que se involucraron hasta niveles que en algún caso, lamentablemente, acabó ocasionándoles más daño que beneficio.

La nueva Administración ha seguido con la misma política de respaldo al sector, siendo conscientes del impacto económico, y laboral, que han representado los nuevos proyectos, así como de la conveniencia de poner en el mercado unos metales estratégicos en estos momentos. Y lo han hecho con renovado impulso, simplificando tramitaciones de permisos, eliminando barreras que habían crecido de forma desproporcionada y, en definitiva, poniendo las bases para defender una industria que resulta básica en nuestra cadena de bienestar y de progreso.

Lamentablemente, esa postura no está encontrando el eco deseado en algunas instituciones que serían claves para reforzar la acción, lo que ha supuesto que se oiga siempre más alto a los detractores que a los defensores de la actividad. También es verdad que, hasta la fecha, los mineros y los defensores del sector no han alzado la voz, ni hemos sabido reaccionar ante esos ataques, muchas veces injustificados, orquestados otros, en los que se usan argumentos que, siendo rebatibles, nunca hemos bajado al coso a rebatirlos, en ocasiones por no saber quién era el gladiador al que le tocaba hacerlo. Evidentemente, esa actitud tiene que cambiar.

Sobre la actividad minera quisiera destacar dos realidades. Una es que, como indica el lema que lucen los Colegios de Minas, “Todo empieza con la Minería”: solo hay que pararse a pensar en los diversos y variados utensilios y equipamientos que usamos a diario, electrodomésticos, teléfonos, vehículos, etc. La otra es que gran parte de la sociedad no conoce la minería que se desarrolla actualmente, su elevado nivel tecnológico y la seguridad con la que se planifican todas las operaciones, tanto las concernientes a la seguridad física de las personas como a las de la preservación del medioambiente. Dentro de ésta última, cabría señalar que el mejor defensor de un pasivo medioambiental, generado en el pasado o en el presente, es contar con la presencia de un titular en el yacimiento para que lo gestione.

Pero se necesita el empuje de todos para que esto funcione. Un empuje que a veces no existe, cuando no se convierte en poner palitos en las ruedas que dificultan el avance. No estamos en contra, como es natural, de la labor de las asociaciones ecologistas que, con frecuencia y en pleno uso de sus derechos, denuncian hechos -o proyectos- que consideran que no compensan una actividad que da de comer a muchos, aunque, como toda actividad humana, conlleva un mínimo de riesgo.

La prensa también podría ayudar mucho, implicándose en el análisis de los argumentos esgrimidos, pero haciéndolo con criterios rigurosamente técnicos, económicos, y sociales, y huyendo de posiciones ideológicas, cuando no políticas.

El poder judicial ha sido invitado involuntariamente a la fiesta al imponerse, injustamente en mi opinión, las denuncias por la vía penal a los que participan en actos administrativos, siendo un método barato y sin repercusiones negativas para el denunciante, lo que en la práctica se ha convertido en una caza al funcionario. Como no soy ducho en esas lides, ignoro cuál sería la forma más racional de reconducir el tema para evitar esas cacerías, pero estoy seguro que es negativa la presión a la que ahora se ven sometidos los servidores públicos cuando plasman su firma en cualquier autorización. Lo veo como un inconveniente añadido que, sumado a los descritos, desanimaran las inversiones extranjeras o nacionales en nuestra tierra.

A los sindicatos también les pediría más vehemencia en la lucha por los nuevos proyectos. Durante mi época en la mina, luchaban a muerte por defender cada puesto de trabajo. No digo que ahora no lo hagan, pero no se les oye tanto. Hay alcaldes luchando por puestas en marcha de proyectos mineros que se eternizan que agradecerían recibir más apoyo.