El 20 de julio de 1481 fueron quemadas en la hoguera 28 personas en un auto de fe del Tribunal de Sevilla de la Inquisición. El ajusticiamiento se produjo de forma excepcional en Aracena, en la Plaza Alta (antigua Plaza de la Corredera), entre un gentío estupefacto por la contundencia del proceso. El municipio tenía entonces algo menos de 4.000 habitantes, la mayoría de ellos analfabetos, que no fueron muy conscientes hasta entonces de esa nueva amenaza sobre la población, apenas un año desde la restauración del Santo Oficio, sólo cinco meses después del primer auto de fe escenificado en el paraje de Tablada hispalense, donde ardieron seis personas acusadas de profesar el judaísmo.

Aquel de Aracena no fue un hecho aislado en lo que hoy es Huelva. Desde que empezó a actuar la Santa Inquisición en la Corona de Castilla y Aragón, antes de que se consumara la expulsión de judíos y moriscos de la Península, y hasta el primer cuarto del siglo XIX, cuando quedó finalmente abolida, se estima en medio centenar los onubenses que perdieron la vida tras pasar por los tribunales inquisitoriales. Muchos más fueron procesados y sufrieron físicamente terribles torturas y escarnios públicos que, en el mejor de los casos, despojó a familias enteras de sus posesiones. Y generalizado fue el miedo provocado en toda la población, entre la que prácticamente nadie se libraba de la posibilidad de ser acusado, aún en falso, por un tribunal. "Ante el rey y la Inquisición, chitón", rezaba un dicho popular extendido entonces como único credo aceptado por la generalidad.

Los datos los aporta el historiador José Luis Gozálvez, responsable del primer gran estudio sobre los procesos inquisitoriales en territorios de la provincia de Huelva, recopilado en el libro La Inquisición en Huelva. Judeoconversos, libertarios y hechiceras (Editorial Niebla). Las cifras son un cálculo que ofrece el autor, porque la documentación revisada en el Archivo Histórico Nacional o el Archivo General de Simancas, entre otros, recoge el inicio de muchos procesos de los que no se conoce su desenlace, aunque sí se intuye por la similitud con otros de los que sí han trascendido las consecuencias para los acusados.

Lo que hoy es la provincia de Huelva dependía del Tribunal de Sevilla, a excepción de Arroyomolinos de León, Cañaveral de León e Hinojales, adscritos al Tribunal de Llerena (Badajoz). Además de la onubense, los inquisidores sevillanos se encargaban de su propia población y de la de Cádiz. Aquel proceso de 1481 en Aracena fue circunstancial. La epidemia de la peste que asolaba la ciudad hispalense movió a los responsables del Santo Oficio a la sierra onubense en busca de aire puro, en éxodo compartido por nobles y otras familias adineradas sevillanas, huyendo de la podredumbre pestilente. Aunque ellos llevaran consigo otra amenaza no calibrada hasta entonces por el pueblo.

En aquellos primeros años de Inquisición Española, los judíos eran objetivo por sus creencias y ritos. Contra ellos cargó la violencia de los autos de fe, pero también contra protestantes y contra iluminados molinosistas, defensores del libre albedrío, como el grupo sectario establecido en el Condado en el XVIII siguiendo a fray Juan de los Ángeles, o el famoso caso de María de los Dolores López, "cristiana, vieja, ciega", última víctima quemada en una hoguera, una vez más, en el Quemadero del Prado de San Sebastián de Sevilla.

Las mujeres fueron, en menor medida, ajusticiadas en estos procesos inquisitoriales, acusadas de prostitución o brujería, como ocurrió con curanderas que en muchos casos gozaban hasta del favor de párrocos que sólo veían en ellas supervivientes a costa de la ignorancia ajena. Quedan así en Huelva los procesos contra María Ramírez La Coja, acusada de superstición en el siglo XVIII, igual que Francisca Romero La Incendiaria, a primeros del XIX, además señalada por hechicería y pacto con el demonio. Como se dio la persecución de intelectuales locales, como Benito Arias Montano, Miguel Ignacio Pérez Quintero o Felipe Godínez, perseguido por su ascendencia judeo-lusa, como tantos otros en territorio vecino a Portugal.

También del lado de los Tribunales de la Inquisición hubo implicación onubense. Los más numerosos, como en el resto del territorio de la Corona, los familiares, como se llamaban a quienes se convertían oficialmente en chivatos al servicio del Santo Oficio, con jugosas prebendas, como la exención del pago de impuestos o la adjudicación de puestos destacados de preminencia social, como ocupar un lugado privilegiado en una procesión religiosa o en las fiestas del pueblo, y también la posibilidad de portar armas. Para obtener este jugoso título, con muchos nombres a modo de ejemplo en el libro de Gozálvez, había que superar una investigación sobre la ascendencia cristiana de los candidatos, que pasaban entonces a ser delatores al servicio de la Inquisición.

Pero el caso más singular vinculado a Huelva es el del moguereño Diego Rodríguez Lucero, nombrado inquisidor en 1499, y responsable del Tribunal de Córdoba, que, asegura José Luis Gozálvez, "batió todos los records de arbitrariedad y terrorismo durante los primeros años del siglo XVI". En poco menos de cuatro años, Rodríguez Lucero envió a la hoguera a centenares de personas en Córdoba, algunas de ellas de las familias más conocidas de la ciudad, "bajo la acusación, en la mayoría de los casos falsa, de haber realizado prácticas judaicas y conspirado contra la Corona".

"Los inquisidores tenían un poder tremendo para causar terror psicológico", explica el historiador. "Tenían la capacidad de amedrentar a cualquiera, ya fueran ricos o pobres. Y lo primero que hacían, sólo con la sospecha de alguien, era confiscar los bienes a familias completas. Podían destruir a cualquiera, por eso había tanto miedo a decir cualquier cosa que contrariara a un miembro del Santo Oficio, aunque pareciera sin importancia aparente".

Lo más prudente era el silencio. Sobre todo ante personajes especialmente sanguinarios como el moguereño Rodríguez Lucero, que abrió proceso incluso contra el obispo de Córdoba. El culmen de sus actuaciones terroríficas se produjo el 22 de diciembre de 1504, con 107 personas quemadas tras ser acusadas de judaizantes, en un auto de fe en la Plaza de la Corredera cordobesa.

Pese a episodios tan macabros como éstos de Aracena o Córdoba, José Luis Gozálvez asegura que la moderna Inquisición, recuperada por los Reyes Católicos a finales del XV, dista mucho de la medieval, dos siglos atrás, cuando se cometieron los actos más atroces. De entrada, sólo la acción de la justicia civil superaba en víctimas a los ajusticiados por el Santo Oficio, que no mataba directamente y lo dejaba en manos del poder civil. Además, el paso del tiempo se dejaba notar en la mayorhumanidad de los inquisidores: los reos ya no se quemaban vivos en la hoguera y eran previamente ejecutados al garrote vil y con otros métodos antes de echar sus restos al fuego.

Pero esas variantes en las muertes tampoco fueron acompañadas de una eliminación de las torturas ni de otros castigos tan crueles como el corte de la lengua o de los pechos a las mujeres.

Aunque en época moderna pasara a ser conocida como Inquisición Española, apunta Gozálvez, por ser el único territorio donde se practicaba, su forma parte de la leyenda negra difundida en Europa. Las viejas prácticas medievales quedaron asociadas para siempre con la represión supuestamente ejercida por la España imperial a su propia población y a los indígenas al otro lado del Atlántico.

"La Inquisición era el brazo armado de la propia Corona", evidencia el historiador, en cualquier caso, aunque la figura se repetía con distinta tipología en otros países, e incluso sigue vigente en el Vaticano heredada, en cierto modo, por la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la que el papa emérito, Joseph Ratzinger, fue prefecto, máximo responsable.

La Inquisición en Huelva es un ejemplo, concluye Gozálvez, de que "aquí hay historia importante, más allá de Tartessos, el Descubrimiento o los ingleses". Sólo hay que rascar un poco más y descubrir historias fascinantes.