La Unión Europea alerta de que el sistema de derechos humanos está bajo amenaza

Viena/Pese a que Europa sigue siendo una de las mejores regiones para vivir, los derechos fundamentales, en particular de ciertos colectivos, se están viendo sometidos a una creciente presión y amenaza que viene ejercida en ocasiones por los mismos Gobiernos e instituciones que deberían protegerlos.

"Está ocurriendo ya y desgraciadamente es una tendencia creciente, empezando porque ha habido desafíos al Estado de derecho durante muchos años", señala Sirpa Rautio, directora de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea (UE), que publica este martes su informe anual.

La generalizada violencia contra las mujeres; la expansión del racismo, la islamofobia y el ansisemitismo; la persistente discriminación de los gitanos; las violaciones de los derechos de los migrantes y refugiados; y las dificultades económicas de muchos ciudadanos están entre los problemas que enumera la UE en su análisis.

Pero por encima de esos temas, y atravesándolos, Rautio alerta del riesgo que supone poner en cuestión el propio sistema y el fundamento de los derechos humanos en su conjunto.

"Si el sistema deja de funcionar, entonces no serán protegidos los derechos de nadie", señaló esta experta finlandesa en una reciente charla con varios medios en Viena, donde la FRA tiene su sede.

Los derechos como obstáculo

"Cada vez se cuestiona más si los derechos fundamentales, los derechos humanos, son relevantes o se han convertido en obstáculos", resumió a preguntas de Efe.

Rautio puso como ejemplo la carta en la que nueve Gobiernos de la UE (Italia, Dinamarca, Austria, Bélgica, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia) criticaron que el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos les impide aplicar, con algunas sentencias, políticas antimigratoria que consideran adecuada al momento actual.

"Es inaudito que se cuestione el dictamen de tribunales independientes", señaló Rautio, quien no cuestionó la legitimidad de los Estados para gestionar la inmigración pero, afirmó, siempre dentro del sistema y cumpliendo las condiciones.

La directora de la FRA se refirió también a los ataques a la sociedad civil desde Gobiernos e instituciones públicas, y puso como el ejemplo, no único pero sí más grave, a Hungría y su proyecto de ley que abre la puerta a sancionar e incluso prohibir, ONG y medios de comunicación independientes.

O a la norma que prohíbe en la práctica la marcha del orgullo gay o cualquier manifestación que reivindique los derechos de la comunidad LGBTIQ.

En el caso húngaro, Rautio denunció que las mismas instituciones que deben velar por los derechos llevan años "capturadas" por personas afines al Gobierno de Viktor Orban.

La democracia a prueba

La responsable de la FRA opina que las tensiones geopolíticas, la creciente intolerancia y las amenazas a los procesos electorales, por desinformación o injerencia externa, están poniendo a prueba la resiliencia de las instituciones democráticas.

Entre los desafíos que afrontan los derechos humanos en la UE, el informe se refiere también a que las nuevas prioridades de la Comisión Europea y el Parlamento "desplazan la atención hacia la seguridad y la defensa".

Aunque la FRA admite que la seguridad es una condición para el disfrute de los derechos y libertades, también alerta de que cambios en este ámbito pueden "poner en tensión los derechos fundamentales".

Alude, por ejemplo, a que un que refuerzo de los controles fronterizos y de la gestión de la migración deben respetar los derechos fundamentales, y que es bien conocido el riesgo de malos tratos a inmigrantes y refugiados en las fronteras.

Además, la FRA se refiere a los planes de Bruselas de simplificación y desregulación administrativa "puede socavar la protección de los derechos fundamentales", como la protección de datos o los medioambientales.

Así, Rautio espera que este informe sea una llamada de atención tanto a las instituciones como a los países miembros de la UE para "reafirmar sus compromisos".

"Tenemos que actuar con decisión para garantizar que los derechos fundamentales sigan estando en el centro de todas las políticas y acciones de la UE", sentencia en el prólogo del informe.