La deportación de solicitantes de asilo a Ruanda, parte de un controvertido plan del Gobierno británico conservador para lidiar con la inmigración, es legal, según dictaminó este lunes el Tribunal Superior de Londres.

La defensa legal de esos solicitantes había ido a los tribunales por considerar que Ruanda es un estado autoritario que tortura y asesina a quienes considera sus oponentes.

Con esta decisión judicial, el Ministerio británico de Interior ganó esta batalla legal, si bien se espera que los demandantes recurran al Tribunal Supremo.

"El tribunal ha llegado a la conclusión de que es legal que el Gobierno haga arreglos para reubicar a los solicitantes de asilo en Ruanda y que sus solicitudes de asilo se determinen en Ruanda y no en el Reino Unido", según el fallo del tribunal.

La corte añadió que, en virtud de las pruebas presentadas, el Ejecutivo "ha hecho arreglos con el Gobierno de Ruanda para garantizar que las solicitudes de asilo de las personas reubicadas en Ruanda se determinen adecuadamente en Ruanda".

No obstante, el dictamen puntualiza que las autoridades británicas deben "considerar adecuadamente" las circunstancias de cada demandante individual.

Este proceso había empezado después de que la ex ministra de Interior Priti Patel firmara el pasado abril un polémico acuerdo con Kigali para enviar allí a los solicitantes de asilo en el Reino Unido, un plan que no tardó en atraer demandas legales.

El primer vuelo que debía haber salido de este país el pasado 14 de junio en dirección a Ruanda no pudo despegar por estas acciones legales presentadas por varios solicitantes de asilo, junto con otros grupos, entre ellos organizaciones que apoyan a los refugiados, como Care4Calais y Detention Action.

El Ministerio británico del Interior considera que Ruanda es un país seguro, con un historial de apoyo a los solicitantes de asilo.

Tras conocerse el fallo, Josie Naughton, directora ejecutiva de la organización benéfica para migrantes Choose Love, dijo que la decisión judicial "va en contra de los compromisos y la rendición de cuentas internacionales", y agregó que los activistas "seguirán luchando" por el "derecho humano de buscar asilo".

"El fallo de hoy destrozará familias, prolongará la persecución y pondrá en peligro a las víctimas de tortura y trauma una vez más", dijo Naughton en una declaración, y agregó que "una nube oscura se cierne" sobre lo que "alguna vez" fue el "celebrado historial de derechos humanos del Reino Unido".

"El país está dando la espalda al principio de que todos deberían tener derecho a vivir en libertad y sin dolor. Establece un precedente peligroso para evadir los compromisos internacionales y morales hacia quienes buscan asilo", subrayó.

La oposición laborista calificó el dictamen de "inviable" y "poco ético". La portavoz de Interior del Laborismo, Yvette Cooper, dijo que el plan de Ruanda es una "distracción dañina de la acción urgente que el gobierno debería tomar para perseguir a las bandas criminales y solucionar el sistema de asilo".

"Los conservadores han permitido que las bandas criminales se establezcan en el Canal (de la Mancha)", añadió Cooper, quien consideró que el Ejecutivo, en lugar de gastar millones en Ruanda, "debería invertir ese dinero en perseguir a los delincuentes que organizan estos barcos peligrosos".