Pedro Sánchez califica de “error histórico” la flexibilización del veto a los motores de combustión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado el tono contra la Comisión Europea tras su propuesta de flexibilizar el veto a la venta de vehículos con motor de combustión a partir de 2035. En su opinión, permitir una producción limitada de coches de combustión constituye un “error histórico” que pone en riesgo los compromisos climáticos de la Unión Europea y envía una señal equivocada a la industria en un momento clave de transformación del sector de la automoción. La posición del Ejecutivo español, también reafirmada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha abierto un frente con el Partido Popular.

Sánchez expresó su rechazo al nuevo planteamiento comunitario en un acto sobre la emergencia climática celebrado en Madrid, donde defendió que la competitividad europea no puede basarse en rebajar la ambición ambiental, sino en liderar la transición hacia tecnologías limpias.

Oposición a los cambios que propone la Comisión

La propuesta de Bruselas plantea sustituir el objetivo de cero emisiones en 2035 por una reducción del 90 por ciento de CO₂ respecto a 2021, permitiendo que una parte residual de la producción siga vinculada a motores de combustión siempre que se compense con medidas como el uso de combustibles sintéticos y biocombustibles o materiales menos intensivos en CO₂ como el acero "verde".

Para el presidente, este giro estratégico de la UE supone una marcha atrás que puede retrasar inversiones industriales y debilitar el liderazgo tecnológico europeo frente a otros mercados.

En esta misma línea se ha pronunciado el ministro Carlos Cuerpo, quien lamentó que se haya levantado el veto total a los coches de combustión. Aunque con un tono más técnico que político, el responsable de Economía subrayó que el vehículo eléctrico está avanzando con rapidez y que, según las previsiones del propio sector, algunos modelos eléctricos podrían alcanzar la paridad de precios con los de combustión en 2026. A su juicio, este escenario refuerza la idea de que el mercado acabará decantándose de forma natural por las tecnologías limpias si se mantiene un marco regulatorio coherente.

Frente a la postura del Gobierno, el Partido Popular (PP), a través de  su vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, ha aprovechado la propuesta europea para cargar contra Sánchez y reclamar un cambio de rumbo en la política del automóvil. Los populares consideran que el Ejecutivo español se ha quedado “solo y aislado” en Europa al oponerse a una flexibilización que, en su opinión, responde a la realidad industrial y social del continente. Desde el PP se defiende que los objetivos climáticos deben acompasarse con el desarrollo tecnológico, la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y la necesidad de preservar el empleo industrial. "Descarbonización sí, pero con realismo", afirmó Nadal en este sentido.

El PP aboga por una neutralidad tecnológica que permita convivir distintas soluciones durante la transición, en lugar de apostar casi en exclusiva por el coche eléctrico. Según esta visión, una política demasiado rígida puede provocar deslocalizaciones, pérdida de competitividad y un encarecimiento de la movilidad.

La opinión de las patronales

En el ámbito sectorial, ANFAC ha mostrado una posición más alineada con la Comisión Europea que con el Gobierno español. La patronal considera positiva la propuesta de Bruselas al entender que facilita el cumplimiento de los objetivos de reducción de CO₂ sin poner en peligro la viabilidad del sector del automóvil ni el empleo asociado. ANFAC sostiene que la normativa anterior fijaba metas muy exigentes sin dotarlas de los instrumentos necesarios para hacerlas alcanzables.

Para la patronal de los fabricantes, la clave está en asegurar un marco integral que combine regulación, incentivos a la demanda, fiscalidad adecuada e infraestructuras de recarga suficientes. ANFAC insiste en que "la electrificación seguirá siendo la tecnología dominante", pero otorga más relevancia a la "neutralidad tecnológica y se proponen flexibilidades solicitadas por la industria y por numerosos países europeos" con este cambio normativo.

ANFAC defiende, asimismo, la hoja de ruta que establece el Plan Auto 2030, que debe elevar la electrificación del parque automovilístico y que actualmente se encuentra en el 18 por ciento del total de ventas en 2025.

Desde una perspectiva distinta, aunque también crítica con la situación actual, Sernauto, la asociación que agrupa a los proveedores de automoción, ha valorado de forma positiva el plan europeo de automoción por introducir mayor flexibilidad, pero considera que no resuelve los problemas estructurales del sector. Los proveedores alertan de que la transición industrial está siendo especialmente dura para la cadena de suministro, que afronta fuertes inversiones, márgenes ajustados y una competencia internacional creciente.

Sernauto subraya que las medidas planteadas por la UE son complejas y costosas, y que solo benefician a un número limitado de empresas, sin ofrecer la certidumbre necesaria ni a los consumidores ni al conjunto del tejido industrial europeo. Además, advierte de que, sin políticas claras de apoyo al contenido local, existe un riesgo real de pérdida de inversión y empleo cualificado en favor de terceros países.