El pasaporte digital de las baterías es un sistema de identificación de implantación progresiva que, en la Unión Europea, busca controlar las baterías que se usarán en un futuro en este ámbito comercial. Pretende garantizar la uniformidad en la aplicación de una regulación que se considera clave para una industria competitiva y sostenible. En este sentido, apoyará que el sector de las baterías cumpla con los objetivos climáticos de la UE y, en un futuro, los principios de la economía circular.

Para ello abarca desde actividades como la adquisición de las materias primas y la producción de las celdas pasando por el ensamblaje de las baterías hasta su reciclaje o tratamiento posterior como residuo. Además, la regulación abarca a todo tipo de baterías que se utilicen en el mercado incluyendo, por supuesto, a las del sector de la automoción.

Un código QR almacenará la información relevante relativa a la batería, incluyendo su huella de carbono.

El pasaporte digital consiste en un registro que, mediante un código QR, ofrece toda la información relativa a cada batería. Aporta todos los datos sobre cómo es cada una de ellas: composición en el caso de que tengan cobalto, plomo, litio o níquel entre sus materiales activos, capacidad nominal, rangos de voltaje o temperaturas, garantía, durabilidad... Adicionalmente, si las baterías superan los 2 kWh -a excepción de las de almacenamientos externos-, como es el caso de los vehículos eléctricos o de cualquier tipo de híbridos, excluyendo los mild hybrid que no alcanzan a esa capacidad, también debe dar datos relativos a su efecto medioambiental, incluyendo su huella de carbono. El 1 de enero de 2026 todas las nuevas baterías que se usen deberán contar con ese QR.

Con este sistema de marcado también se registrará una de las nuevas regulaciones, que es el porcentaje mínimo de materiales reciclados que deben utilizarse en nuevas baterías. Estos deben alcanzar, tal como fue aprobado por el Parlamento Europeo, un mínimo del 16 por ciento de cobalto, 6 de litio, 6 de níquel y, en su caso, 85 por ciento de plomo a los tres años de entrada en vigor del reglamento. Posteriormente, esos porcentajes irán variando hasta prácticamente duplicarse en el caso de todos los materiales activos, salvo el plomo, que mantiene siempre invariado ese 85 por ciento.

Para la UE esta medida es clave de cara a que, gracias a este sistema, se podrá conocer la huella de carbono asociada a cada batería fabricada en Europa y, a partir de ella, establecer nuevas medidas de control para la producción.

El etiquetaje de las baterías va a permitir mejorar su segunda vida o las fases de reciclado.

A medio plazo, se pretende crear una clasificación para las baterías en función de esa huella de carbono, de modo que a lo largo de todo su ciclo de vida cada batería no podrá superar los límites establecidos para cada tipo de ellas.

Por tanto, esta norma establece unas bases de cara a nuevas regulaciones futuras que irán apareciendo en los próximos años en el sector del almacenamiento de energía y que, no sólo afectará al proceso de producción de las baterías, sino también tendrá en cuenta las fases de diseño.

La regulación también prevé desde las condiciones de almacenamiento de las baterías hasta su facilidad de extracción, por ejemplo.