La Unión Europea quiere lograr que, en 2030, se reduzca, al menos, un 55 por ciento la emisión de gases causantes del efecto invernadero en comparación con 1990. Esto supone, junto a otras medidas, la descarbonización del sector del transporte.

Para conseguirlo, los eurodiputados han votado que, en 2026, se instalen estaciones de recarga para automóviles eléctricos con una potencia mínima de 400 kW como mínimo 60 km a lo largo de las rutas que conforman la red básica de la RTE-T. En las carreteras de esta red, además, la potencia tendría que aumentar a 600 kW para 2028.

El objetivo de la norma es dotar de infraestructuras de recarga a la red de la RTE-T .

En el caso de la Península Ibérica, estos corredores llegan desde Hendaya hasta Oporto, con ramificaciones desde Vitoria a Bilbao y, desde Valladolid a Gijón y A Coruña; por un lado, así como el corredor mediterráneo que arranca en La Junquera (Gerona) y discurre paralelo a la costa hasta llegar Almería y, desde allí conecta con Antequera para llegar hasta Algeciras, así como unir Huelva, Sevilla y Córdoba entre sí y con Madrid, con la capital conectada con Lisboa, así como al resto de corredores tanto a través de Valladolid como Zaragoza.

En estas rutas cada 120 km debería haber estaciones de recarga para camiones y autobuses que tendrían que disponer de una potencia inicial de 1.400 kW para ir subiendo, según la carretera, hasta 2.800 kW.

En este proceso de descarbonización también entra en juego del hidrógeno, de modo que en 2031 sus estaciones de repostaje deberán desplegarse, al menos, cada 200 km a lo largo de la red básica de la RTE-T.

Los cambios normativos también pretenden impulsar la facilitación de los pagos en los puntos de carga.

La Eurocámara ha determinado, igualmente, que los pagos puedan realizarse con tarjetas de pago o dispositivos sin contacto y sin necesidad de contar con suscripciones con proveedores de servicios. También ha determinado que los precios de estas energías se determinen en kWh, kg o por minuto/sesión.

Los eurodiputados se han asegurado de que la Comisión cree antes de 2027 una base de datos que incorpore todos los puntos de infraestructura de estos "combustibles alternativos" como se consideran a la electricidad o el hidrógeno. El fin de la misma será dar a los consumidores información sobre disponibilidad, tiempos de espera o precios en diferentes estaciones.

El ponente en relación a este impulso a las infraestructura de recarga, el búlgaro Petar Vitanoc, declaró que "las nuevas reglas también ayudarán a desplegar más infraestructura de carga y harán que sea tan fácil de usar como las gasolineras tradicionales".

El siguiente paso de esta norma -aprobada con 541 votos a favor, 52 en contra y 74 abstenciones- es que, una vez que el Consejo la haya adoptado, se aplique a partir de los seis meses de su entrada en vigor.