El Parlamento Europeo da luz verde a la integración del Tratado de Alta Mar en la legislación de la UE

La Eurocámara ha aprobado este jueves su posición para incorporar al Derecho comunitario el Acuerdo sobre la Diversidad Biológica Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), conocido como Tratado de Alta Mar, adoptado en 2023 bajo el paraguas de Naciones Unidas. El objetivo es convertir en normativa europea este marco global de protección de la biodiversidad en altamar, que cubre casi dos tercios del océano y alrededor de la mitad de la superficie del planeta.

Con este voto, el Parlamento fija su posición sobre la propuesta de Directiva de la Comisión para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional, paso previo al inicio de las negociaciones con el Consejo para acordar el texto final.

Un tratado clave para el objetivo del 30 % en 2030

El BBNJ es el primer acuerdo jurídicamente vinculante dedicado a la protección de la biodiversidad en aguas internacionales. Permite crear herramientas de gestión basadas en zonas, incluidas áreas marinas protegidas en alta mar, establecer normas para la evaluación de impacto ambiental de actividades en estas áreas y reforzar la cooperación científica y el intercambio de capacidades entre países.

La iniciativa de la Eurocámara se inscribe en el compromiso internacional de proteger al menos el 30 % del océano de aquí a 2030 (“30x30”), uno de los pilares del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. En la actualidad, solo una fracción muy limitada del océano global está efectivamente protegida frente a actividades dañinas como la sobrepesca, la contaminación o la futura minería submarina.

Más transparencia, flexibilidad y acceso a la justicia

En sus enmiendas al texto de la Comisión, los eurodiputados reclaman mayor flexibilidad a la hora de presentar y aplicar las medidas de gestión basadas en zonas, especialmente en situaciones de emergencia ecológica. También implca refuerzo de la transparencia, obligando a los Estados miembros a publicar de forma accesible las medidas adoptadas en el marco del Tratado de Alta Mar; y mejores garantías de acceso a la justicia ambiental, de modo que organizaciones y ciudadanía puedan impugnar decisiones que vulneren las obligaciones de conservación de la biodiversidad marina.

El Parlamento insiste también en que las decisiones que adopte en el futuro la Conferencia de las Partes del BBNJ se implementen y, cuando sea necesario, se transpongan de forma coherente al Derecho de la UE, sin que los Estados miembros puedan adoptar medidas que vacíen de contenido esas decisiones mientras se completa la transposición.

Entrada en vigor global en 2026

El impulso legislativo en Bruselas llega en un momento clave para la gobernanza de los océanos. El Tratado de Alta Mar alcanzó en septiembre de 2025 las 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, lo que pone en marcha la cuenta atrás de 120 días prevista en el propio acuerdo. Distintas fuentes, incluida la Comisión Europea y organismos internacionales, sitúan su entrada en vigor a comienzos de 2026, con la primera Conferencia de las Partes prevista dentro del primer año.

La UE y todos sus Estados miembros han firmado el tratado y han ido avanzando en las ratificaciones de forma coordinada. En abril de 2025, la Comisión ya subrayó que la UE se comprometía a ratificar el BBNJ antes de la Conferencia de la ONU sobre los Océanos celebrada en Niza en junio de ese año, donde se produjo una importante oleada de nuevas ratificaciones.

España, entre los primeros en ratificar el Tratado de Alta Mar

España ha desempeñado un papel destacado en este proceso. El 4 de febrero de 2025, el Gobierno depositó en Naciones Unidas el instrumento de ratificación del Tratado de Alta Mar, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en ratificar el acuerdo, junto con Francia pocos días después.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico enmarcó esta ratificación en la estrategia española de protección marina, que incluye el aumento de las áreas marinas protegidas bajo jurisdicción nacional, la lucha contra la pesca ilegal y la participación activa en foros internacionales de gobernanza oceánica.

Próximos pasos: negociaciones con el Consejo y aplicación sobre el terreno

Tras la votación en el pleno, el Parlamento está ya en disposición de iniciar las negociaciones con los Estados miembros en el Consejo para acordar la redacción definitiva de la Directiva que integrará el BBNJ en el ordenamiento europeo.

Una vez adoptada, la nueva norma establecerá procedimientos comunes para que la UE y sus Estados miembros propongan, negocien y apliquen áreas marinas protegidas en alta mar; y reglas para las evaluaciones de impacto ambiental de actividades con potencial efecto significativo en la biodiversidad en aguas internacionales (incluyendo pesca, transporte marítimo, explotación de recursos y posibles proyectos de minería de fondos marinos).

También la norma propiciará mecanismos de coordinación con otros organismos internacionales, como las organizaciones regionales de pesca, la Organización Marítima Internacional o la FAO, para evitar solapamientos y reforzar la coherencia de las medidas.

Las ONG ambientales han celebrado el paso dado por la Eurocámara, pero recuerdan que el éxito del BBNJ dependerá de cómo se apliquen en la práctica las futuras áreas marinas protegidas y las restricciones a las actividades más destructivas, así como de la financiación real para los países en desarrollo.

En paralelo, los sectores económicos vinculados al mar —como la pesca industrial, el transporte marítimo o la incipiente minería en aguas profundas— observan de cerca la negociación de la Directiva, preocupados por el impacto que las nuevas reglas puedan tener sobre sus actividades, pero también interesados en un marco jurídico claro y predecible en alta mar