Freno contundente a la caza ilegal de aves

Según los datos procedentes de los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre, la caza ilegal de aves en el país se redujo un 62,2 % en el periodo 2019-2021 respecto a la década anterior (2008-2018). Esta cifra convierte a España en un caso destacado a escala europea, gracias a la combinación de refuerzo legislativo, cooperación con ONG, acciones policiales, campañas de sensibilización y mejoras en la transparencia institucional. Esta valoración esperanzadora procede del informe The Killing 3.0, de EuroNatur y BirdLife International, que evalúa el progreso de 46 países frente al Plan Estratégico de Roma (2020-2030) adoptado en el marco del Convenio sobre Especies Migratorias (CMS/PNUMA), que busca reducir al 50% la caza, captura y comercio ilegal de aves para 2030.

El informe también reconoce el éxito de España en la lucha contra el uso de cebos envenenados, una de las causas históricas de mortalidad de rapaces. El endurecimiento de las acciones legales contra el uso de veneno ha sido clave en la recuperación del águila imperial ibérica. Durante el período comprendido entre los años 2001 y 2020, España implementó medidas legales adicionales para abordar el problema del envenenamiento de especies silvestres, lo que resultó en un incremento notable de la población de águila imperial ibérica (Aquila adalberti).

En la década de 1970, la población de águilas imperial ibéricas era de menos de 40 parejas reproductoras. Sin embargo, para principios de 2020, esta cifra había aumentado a más de 530 parejas, lo que indica un aumento significativo en la población de esta especie.

Asimismo, un programa de reintroducción, en combinación con campañas de control de la población y un sistema de vigilancia, ha permitido la recuperación de una de las especies rapaces más raras de Europa: el quebrantahuesos o gypaetus barbatus. En la actualidad, se ha registrado la presencia de más de 60 parejas de quebrantahuesos sobrevolando los Alpes europeos.

Compromiso político y áreas de mejora

No obstante, el informe advierte de que estos logros podrían revertirse sin un compromiso político sostenido, dotación financiera adecuada y mayor acceso público a los datos sobre delitos contra la fauna. A pesar de los avances, España aún muestra áreas de mejora, especialmente en lo que respecta al seguimiento sistemático y financiación pública del monitoreo de estas prácticas. Aunque el marco legal español es uno de los más sólidos, el sistema judicial sigue enfrentando desafíos como la escasa especialización en delitos contra la biodiversidad o la falta de transparencia en los procesos judiciales.

El informe subraya que la presión internacional, como los procedimientos de infracción de la UE, ha sido un motor para la mejora en países como Francia, Italia y Malta. España, sin embargo, ha logrado sus progresos sin requerir este tipo de sanciones externas, lo que refuerza su papel como referente en conservación de aves migratorias en la cuenca mediterránea.

Los impulsores de este análisis, que puede consultarse aquí, son EuroNatur, una fundación internacional sin ánimo de lucro que se dedica a la conservación de la naturaleza en Europa; y BirdLife International, una organización internacional que aglutina a asociaciones dedicadas a la protección de las aves y sus hábitats.