El 11,07% de las personas que residen en el territorio onubense lo hacen en una zona que está en riesgo de exclusión social. En total son 57.505 vecinos de los 519.596 que cuenta la provincia de Huelva en su población total. Son los datos de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas realizado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Según el estudio, en la capital onubense se concentra la mayor parte de las personas que residen en estas áreas catalogadas como desfavorecidas. Hasta 30.257 onubenses residen así entre Marismas del Odiel, El Torrejón, Pérez Cubillas y La Orden-Príncipe Juan Carlos, que son las barriadas contabilizadas en una lista que alcanza las 99 áreas de 65 municipios distintos de la región andaluza.

La población restante que vive en zonas desfavorecidas en la provincia alcanza la cifra de 27.248 personas. Un total de 15.135 residen en municipios mayores de 20.000 habitantes y el resto lo hace en localidades que no superan esa cantidad.

Almonte, Cortegana, Isla Cristina, Minas de Riotinto y Nerva tienen áreas desfavorecidas

El informe identifica cinco zonas desfavorecidas fuera de la capital: Barrio Obrero (Almonte), Barrio Erita (Cortegana), Barriada del Rocío (Isla Cristina), Alto de la Mesa (Minas de Riotinto) y La Garza, San Antonio, Cementerio Viejo, Pozo Bebe (Nerva).

A pesar de la abultada cifra –57.505– de vecinos que residen en las nueves zonas desfavorecidas de toda la provincia onubense, Huelva cuenta con el volumen de población más bajo de toda la región andaluza en términos absolutos con un 6,29% del total andaluz en una lista que lidera Cádiz (22,27%) con 203.574 personas y le siguen Sevilla (16,19% y 147.962 personas), Almería (14,25% y 130.299), Granada (14,18% y 129.655), Málaga (11,62% y 106.215), Jaén (8,58% y 78.418), Córdoba (6,62% y 60.475) y Huelva.

El objetivo de esta Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas es la actuación sobre las áreas identificadas, donde se registran situaciones graves de exclusión social o donde existen factores de riesgos de que se produzcan, para transformar “la visión que se tiene sobre estas zonas” de manera que “se promueva la eliminación de la territorialidad como un factor de exclusión”, según indica el propio informe.

Las 99 zonas desfavorecidas seleccionadas en Andalucía, donde se incluyen las nueve onubenses, tienen el filtro de criterios de un alto índice de paro, graves problemas de seguridad y convivencia, o la elevada dimensión y concentración del parque público de vivienda entre otras cuestiones.

El informe de la Junta de Andalucía subraya que esta situación se ha visto agravada, entre otras cosas, como consecuencia “de la larga década de crisis económica padecida” y también, “de la estrategia de salida aplicada, basada en la austeridad del gasto público y en la devaluación de los costes laborales como palanca de la competitividad empresarial”.

Todo ello ha supuesto, por un lado, el empobrecimiento de parte de la ciudadanía, a raíz de la importante pérdida del poder adquisitivo; y por otro, un deterioro de la cobertura de determinados servicios públicos de carácter social. Por otro lado, el estudio también deja claro que el incremento de la pobreza y de la desigualdad tienen como resultado el surgimiento de zonas desfavorecidas.

En Andalucía hay más de 900.000 personas que viven en zonas de exclusión social

Una de las finalidades del programa es establecer los mecanismos que “permitan acceder a las personas residentes en zonas desfavorecidas a los distintos Sistemas de Protección Social, especialmente a los de salud, vivienda, educación y empleo”, además de otros servicios públicos. Ya que los recursos financieros específicos de esta estrategia proceden de la Consejería y del Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020, las previsiones de actuación están hasta el año que viene aunque se podrán ejecutar acciones hasta el ejercicio de 2022.

Esta estrategia regional se estructura en cuatro ejes: Desarrollo económico y comunitario sostenible, Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social, Mejora del Hábitat y la convivencia, y Trabajo en red e innovación en la intervención social comunitaria. A su vez, estos cuatro ejes se dividen en un total de 54 objetivos operativos y 129 medidas a desarrollar en la región.

Por otro lado, según los números del Instituto Nacional de Estadística (INE) (2016) la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía es de un 35,4%, una de las más altas de España y supera en más de 13 puntos a la media nacional.