Del vuelco de camiones a las campañas mediáticas contra la fresa de Huelva

La prensa francesa se ha vuelto a cebar con el sector fresero onubense. En esta ocasión ha sido el rotativo Liberation, con un artículo publicado el pasado día 26 de febrero y firmado por el doctor en Geografía del Centro de Análisis Geopolíticas de la Universidad de Estrasburgo, Thibaud de Fortescu, quien hace un análisis poco acertado de la realidad laboral de la campaña agrícola de la fresa, que relaciona directamente con los asentamientos que se reparten por la geografía de nuestra provincia.

Lo peor es que no es la primera vez, ni presumiblemente será la última, ya que estos ataques al campo onubense se vienen repitiendo cada año desde hace tiempo, coincidiendo con la campaña de la recolección de la fresa en Francia y los agricultores de nuestra provincia están plenamente convencidos, y así lo manifiestan a Huelva Información, que responden a "intereses puramente comerciales" y de "desprestigio" de nuestras producciones.

El representante de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Huelva y propietario de Frutas Curi (Cartaya), empresa agrícola dedicada a la producción, comercialización y exportación de fresas, Antonio Luis Martín González, "con este único fin los franceses han cambiado de estrategia y han pasado en unos años del vuelco de camiones cargados de fresa onubense en la frontera hispano-francesa, a emprender cada campaña distintas maniobras mediáticas destinadas a los consumidores europeos con el objetivo de desprestigiar nuestras producciones". El empresario agrícola asegura que los productores franceses, "para quienes somos una fuerte competencia, se han dado cuenta que es más efectiva y sutil la segunda estrategia, que la del uso de la fuerza bruta con el vuelco de camiones".

En los mismos términos se ha pronunciado José Antonio Martín, de Agromartín (Lepe), uno de los productores onubenses más laureados por su compromiso social corporativo y sus buenas prácticas en materia de gestión laboral, quien entiende que lo que pretenden los franceses con estas "tácticas" es "posicionarse en los mercados mejor que nosotros y beneficiar sus variedades y a sus agricultores frente a los nuestros".

La relación interesada que entre asentamientos y campaña de la fresa en Huelva hace de Fortescu en su artículo de Liberation se pone de manifiesto en repetidas ocasiones, pero sobre todo con esta frase, que aparece incluso subrayada en el diario francés: "En la provincia de Huelva donde se cultiva el 'oro rojo' español, más de 2.500 inmigrantes viven en chabolas, viviendas de madera, de plástico o de cartón sin agua corriente ni electricidad".

El artículo no ha caído nada bien en el campo onubense y, tanto los empresarios (a través de Freshuelva, que aglutina a más del 95% del sector), como los principales sindicatos (CCOO y UGT), han negado la visión que el geógrafo francés describe en su demoledor artículo.

Así, el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, reconoce que a la patronal fresera aún le siguen sorprendiendo las informaciones "intencionadamente sesgadas y malinterpretadas en medios de comunicación internacionales, principalmente franceses, sobre los procesos de producción de la fresa en la provincia de Huelva". Para Domínguez se trata de reportajes "alejados de la realidad, con un claro enfoque difamatorio y que, lamentable y casualmente, siempre ven la luz coincidiendo con la época punta de la campaña".

Y es que para el gerente de Freshuelva la política migratoria de cada país "es ajena a los empresarios" y "viene determinada por la propia Unión Europea (UE) y los países miembros, y corresponde a las administraciones competentes en la materia realizar la normativa correspondiente, tales como la Ley de Extranjería y velar por su aplicación".

Además, para Domínguez contrasta el artículo de Liberation con otras noticias que han visto la luz recientemente y que apuntan a que "la UE ha tomado como ejemplo el sistema de contratación en origen que se viene realizando en Huelva desde hace más de una década, para la elaboración de la normativa europea de trabajadores de temporada".

Los dos sindicatos con mayor representación en el campo onubense son, si cabe, aún más duros con el diario francés. Luciano Gómez, secretario General de la Federación de Industrias y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT en Huelva es tajante al afirmar que "negamos la mayor" porque lo que describe el reportaje "no se asemeja a la realidad y responde a intereses económicos y comerciales". Para Gómez los empresarios onubenses "son responsables con carácter general y las únicas irregularidades son las habituales del día a día en la gestión de las empresas, como en cualquier otro sector. No hay diferencias importantes con respecto a otros sectores". En este sentido señala que "quizás podría haber un mayor volumen de incidencias, pero porque el volumen de trabajadores también es mucho mayor, y pueden por tanto tener un mayor impacto".

En la misma línea se posiciona su homólogo en CCOO, Hilario Vázquez, quien admite que "puede haber empresarios que no cumplan, pero como en todos los sectores económicos". No obstante, añade que "en la mayoría de los casos se cumple". Vázquez señala como principales incidencias "el asunto de las horas extras, que hay que pagarlas más caras, y el del transporte de los trabajadores a las fincas", aunque precisó que "habitualmente se llega a acuerdos entre ambas partes. Pero en lo importante, -prosigue- casi el cien por cien de los empresarios respeta lo que estipula el convenio del campo y la normativa en materia de vivienda".

Ambos sindicalistas también rechazan de plano la relación directa que establece el periódico galo entre asentamientos y campaña de la fresa. Así, para Vázquez es un asunto "muy interesado" porque los asentamientos "no son responsabilidad de los empresarios, ni del sector agrícola en general y sí de las administraciones". Gómez incide en la misma línea, a lo que añade que "buena muestra de que ambas cosas no tienen nada que ver es que los asentamientos están ahí todo el año, mientras que la campaña de recolección de la fresa sólo dura unos meses, o que el número de personas asentadas es de unas 2.000, mientras que en la campaña de la fresa trabajan hasta 80.000. En definitiva -concluye- los empresarios que contratan inmigrantes en origen lo hacen de forma legal y facilitando contrato y vivienda digna".

La opinión de los empresarios no dista de la de sindicatos y patronal. Los patronos consultados por este periódico defienden que en general "se cumplen escrupulosamente" todas las normativas en materia laboral. De esta opinión es Antonio Luis Martín, de Frutas Curi, que en plena campaña da empleo a cerca de 150 temporeros y que fue uno de los pioneros en materia de contratación en origen, cuando la mano de obra escaseaba en España por el boom inmobiliario. Él fue de los primeros que viajó a Marruecos en busca de trabajadores y asegura que en líneas generales "el trato que se da en Huelva a los temporeros de la fresa no se le da en ningún otro lugar de España".

"Al menos en mi caso -relata- y estoy convencido que en el de la inmensa mayoría de los empresarios agrícolas onubenses, el trato a los trabajadores es muy bueno: viviendas dignas, pago de lo estipulado en el convenio del campo (unos 36 euros), y ya en mi caso concreto, hasta ayudo a mis trabajadores pagándoles adelantos cuando pasan por algún aprieto económico".

El caso de José Antonio Martín (Agromartín), que llega a tener hasta a 1.200 personas trabajando en plena campaña, es quizás todo un paradigma en materia de responsabilidad social corporativa. No en vano, acumula numerosos premios y reconocimientos a nivel provincial y regional que así lo avalan y, de hecho, entre sus prioridades, según demuestra campaña tras campaña con numerosas iniciativas y gestos solidarios, está "hacer más felices" a sus trabajadores porque está convencido de que "un empleado a gusto en su puesto de trabajo es mucho más productivo y ocasiona muchos menos problemas".

A todo ello hay que sumar, según señala Antonio Luis Martín, "que hay un sistema muy bien montado y que funciona, a través de la Subdelegación del Gobierno en Huelva y de otras administraciones, encaminado a detectar las posibles irregularidades y negligencias". Pero es más, defiende que "tenemos que ser duros porque de todo esto depende nuestro futuro y por tanto, el que la haga que la pague, y no todo el sector" concluye.