El 10% del 'stock' de vivienda nueva de Huelva está en manos de los bancos

El 1,35% de las viviendas hipotecadas en la provincia terminó en una subasta el año pasado · Las entidades tratan de retrasar al máximo los embargos · Desde el inicio de la crisis los precios han caído un 30%

Uno de los edificios de nueva construcción de la capital con viviendas vacías.
Uno de los edificios de nueva construcción de la capital con viviendas vacías.
Ana Vives Casas / Huelva

06 de junio 2010 - 01:00

La financiación sigue siendo el caballo de batalla para el sector de la construcción y también para los onubenses que quieren acceder a una vivienda. La banca no facilita datos, pero está claro que si hay más viviendas terminadas que vendidas y que si se inician cada vez menos, a pesar de tener proyectos sobre la mesa es, fundamentalmente, porque no se conceden préstamos para cubrir la construcción ni tampoco para facilitar el acceso de los onubenses a una vivienda. Aunque parezca una paradoja, lo peor es que hoy por hoy al menos una de cada diez viviendas que no se venden es propiedad de los bancos.

En 2009 se terminaron de construir 4.146 viviendas libres en Huelva, pero sólo se vendieron algo más de la mitad: 2.491. Un año antes, más de lo mismo: se terminaron de levantar 7.678 pisos y sólo se vendieron 4.390. Eso lleva a que el stock de viviendas sin vender cada vez vaya aumentando en lugar de disminuir (en el último año se incrementó un 10,4%, según el Ministerio de Vivienda). Los empresarios tienen claro el motivo: "Se van terminando los pisos que vienen coleando de años atrás, pero no hay quien los venda", según el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción (AECO), Javier Mateo. Pero lo peor es que parte de esa bolsa de viviendas sin vender (que sólo hace referencia a las de nueva construcción) está prácticamente en manos de los bancos.

El stock de viviendas en la provincia es de 7.036 inmuebles, según los datos del Ministerio de Vivienda y de esos, se estima que, como mínimo, el 10% ha pasado a formar parte del patrimonio de los bancos. Para el consumidor de a pie esto no sería un problema si las entidades sacaran los pisos al mercado, pero, según se denuncia desde la patronal del sector, lo que se está haciendo es "ofrecer directamente condiciones que no se pueden rechazar, pero única y exclusivamente a determinados clientes", condiciones que no están ni al alcance de los promotores ni tampoco al de los particulares. Por este motivo, no son pocos los que dudan del éxito de la iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para facilitar la venta de las viviendas en stock en la provincia, mediante ayudas para el pago de las hipotecas: «Tenemos que no sea eficaz porque al final supone estar en manos de los bancos, que son los que tienen que conceder los préstamos hipotecarios. Ellos tienen la llave de la puerta y de momento no la abren", asevera Mateo.

Las entidades financieras están acumulando en sus balances un creciente volumen de pisos, procedentes del impago de particulares y empresas. Sin embargo, el problema consiste ahora en cómo dar salida a este tipo de activos. Es más, actualmente los bancos y cajas tratan de retrasar al máximo la ejecución de la hipoteca alargando los plazos (el banco puede quedarse con un piso en el momento que su propietario deja de pagar tres mensualidades, pero se está esperando hasta los 6 meses), con el fin de evitar que la deuda en cuestión entre en mora. Las entidades financieras subrayan que su intención no es quedarse con la vivienda de ningún cliente y que, por tanto, siempre se buscan acciones encaminadas a negociar con el deudor una salida airosa. Algunas entidades consultadas aseguran que "se estudia cada caso para ver qué posibilidades hay antes de que el cliente pueda perder la casa". Si es posible -añaden-, se alarga el plazo de la hipoteca y cuando no hay otra alternativa, se aconseja la venta del piso para evitar las cargas de un procedimiento hipotecario. En ese intento por evitar un embargo también juega un papel importa la inclusión de periodos de carencia de entre uno o dos años, en los que el cliente deja de pagar el principal del préstamo e, incluso, los intereses. La idea -según insisten todos- es que ejecutar sea siempre la última alternativa.

Y es que en un escenario como el actual, donde la alta deuda de las familias y la crisis de liquidez han terminado de desinflar la burbuja del ladrillo, la oferta de inmuebles sigue sin ajustarse a la demanda, lo que empuja los precios a la baja (desde agosto de 2007, inicio de la crisis para los promotores, ha caído un 30%). En este contexto, las entidades financieras prefieren esperar a que sus hipotecados puedan hacer frente a las cuotas, en lugar de desalojarles. Pero aún así los datos dejan claro un aumento galopante: en 2007 las ejecuciones hipotecarias (embargos de viviendas por impago) alcanzaron las 283 en la provincia, un año después, la cifra se disparó hasta las 672, para cerrar 2009 con casi un millar (950), es decir, que en dos años han se han multiplicado casi por tres.

Y eso ha provocado que las subastas de pisos también se multipliquen. Según Pública Subasta, el año pasado se duplicaron y en Huelva el 1,35% de las viviendas hipotecadas terminó en una puja. ¿La solución? A falta de que las entidades bancarias abrir el grifo, el impulso del alquiler con opción a compra, una opción (o más bien la única en el mercado inmobiliario) para reactivar el sector.

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