El vigilante de seguridad F.B.C. ha admitido en sede judicial que colocó una cámara de seguridad en los aseos de la Delegación Territorial de Igualdad y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Huelva y ha indemnizado a las ocho víctimas de los delitos contra la intimidad, por lo que no se verá obligado a entrar en prisión si no vuelve a delinquir en el plazo de dos años.

Así consta en el escrito de conformidad al que ha tenido acceso Huelva Información, por el que tanto la Fiscalía como la acusación particular y la defensa concretan los términos de la sentencia condenatoria, que marca una pena de un año y ocho meses de prisión para el encausado. No obstante, al carecer de antecedentes penales y al haber consignado antes de la celebración del juicio 21.000 euros de los 24.000 euros de responsabilidad civil que se le exige para las ocho víctimas de las grabaciones (3.000 euros para cada una), las partes solicitan al magistrado del Juzgado de lo Penal 1 de Huelva que suspenda la pena durante dos años, de modo que no tendrá que entrar en la penitenciaría si no comete un delito en los próximos 24 meses.

Se da por probado por tanto que F.B.C., de 51 años y sin antecedentes penales, se encontraba trabajando hace tres años -concretamente el 15 de junio de 2015- como vigilante de seguridad en la sede de la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Huelva, sita en calle Alcalde Mora Claros de la capital.

Entonces y "aprovechando la facilidad de movimiento y acceso a dependencias en el edificio a causa de su profesión, instaló una microcámara en un lugar discreto de uno de los aseos de las instalaciones de la mencionada Administración, de uso privado de los funcionarios y empleados de la misma". F.B.C. la encuadró "para que captase las imágenes del inodoro y lavabos" del mismo y la dejó activada, plenamente funcional y grabando en vídeo a cualquier persona que hiciera uso de ese baño. "Todo ello con el propósito de atentar contra la intimidad de quienquiera que los utilizase".

La microcámara instalada y puesta en funcionamiento por el acusado capturó las imágenes de diversas personas utilizando el aseo "para actividades de indudable carácter íntimo", concretamente de ocho personas, de las que no consta que "ninguna haya sufrido lesiones psíquicas como consecuencia del hecho, si bien se han sentido gravemente ofendidas al ver expuesta su intimidad".

Al ahora condenado se le intervinieron la microcámara en cuestión, la tarjeta de memoria inserta en la misma que contenía las grabaciones de vídeo descritas, un dispositivo de almacenamiento USB de 16 gigas con contenido íntimo similares a los descritos "sin que pueda precisarse la fecha de captura" y dos discos duros que contienen "imágenes de personas indeterminadas íntimas o de desnudos captadas subrepticiamente". De todo ese material se ha acordado la destrucción.

El vigilante quedará inhabilitado para ejercer como tal durante el tiempo de la condena y tendrá que sumir las costas, además de pagar una multa de 1.350 euros y los 3.000 euros que le faltan por abonar de indemnización.