La venta ambulante registra hasta un 80% de pérdidas por el temporal

Los vendedores ambulantes de la provincia de Huelva se están viendo seriamente perjudicados por el temporal. En sólo tres meses el sector ha registrado unas pérdidas que rondan el 80% respecto a lo recaudado en el mismo periodo de 2009, consecuencia de haber estado unos 41 días sin trabajar. Por ello, la Asociación Provincial de Profesionales del Comercio Ambulante de Huelva ha pedido a los ayuntamientos costeros una rebaja en las tasas que pagan por sus licencias de venta.

Según explica el presidente de la Asociación, José Juan Ayora, en diciembre de 2009 las ganancias medias rondaban "los 3.000 euros", mientras que en ese mismo mes en 2008 se dobló esa cantidad con beneficios de "más de 6.000 euros". Esto fue resultado, además de la crisis económica, de los días perdidos por lluvia, unos 14 en diciembre, mientras que en enero los días sin poder vender fueron diez y febrero fue el periodo donde más días se registraron con 17.

Por ello la Asociación ha presentado en los ayuntamientos de la Costa, como Isla Cristina, Punta Umbría, Cartaya, Lepe o Ayamonte, entre otros, un escrito para que los consistorios tengan en cuenta la imposibilidad de ventas y por tanto "realicen alguna rebaja en el pago mensual que realizan los vendedores ambulantes por la licencia para poner sus puestos". El vendedor ambulante abona una media de entre unos 60 y 90 euros mensuales a cada municipio en los que trabaja, unos 260 euros mensuales en concepto de Seguridad Social, a lo que hay que sumar los gastos de desplazamiento o las revisiones de las furgonetas, entre otros. Pero debido a los días perdidos no se pueden "ni cubrir los gastos", además de prever que será "muy complicado poder comprar la mercancía para la nueva temporada".

En la provincia de Huelva hay registrados unos 200 vendedores ambulantes, aunque en la zona trabajan también comerciantes procedentes de Sevilla, Cádiz o Córdoba, e incluso de otras regiones del país durante el verano.

Otra de las amenazas del sector es la aplicación de la Directiva de Servicios de la Unión Europea, más conocida como Bolkestein, porque según explicó prohíbe que la antigüedad sea un elemento a puntuar a la hora de la renovación de las licencias, lo que puede provocar que "te toque el pueblo donde antes tenía licencia o no, o que pierdas mercadillos a los que antes acudía". Por ello, el sector está dispuesto a iniciar de nuevo movilizaciones en contra de esta normativa.