UGT protesta en Huelva por la "precariedad" de los centros de menores tras la última agresión a una educadora social

El sindicato denuncia la "grave situación" de indefensión que sufren los profesionales en los centros tutelados

Policía y Guardia Civil continúan la búsqueda del menor fugado tras la brutal agresión a la educadora social en Huelva hace cuatro días

Concentración de UGT en repulsa por el ataque a una educadora social en Huelva. / M. G.

UGT Servicios Públicos se concentró este martes en protesta por la situación de "precariedad" de los centros de menores después de la última agresión de la que fue objeto en el de Huelva una educadora social el pasado viernes a manos de tres de sus residentes.

Los participantes denunciaron públicamente la "grave situación" de indefensión, precariedad laboral y sobrecarga de trabajo que sufren los profesionales que desempeñan su labor en entidades colaboradoras encargadas de gestionar los centros de menores tutelados, ha apuntado el sindicado en una nota.

Estos profesionales, señalaron, trabajan en condiciones que afectan directamente a su bienestar y al correcto desarrollo de sus funciones, lo que "pone en riesgo la calidad del servicio prestado a los menores bajo tutela".

Ante esta situación, el sindicato urge a la Junta de Andalucía una actualización del presupuesto que se destina por cada menor a estas entidades colaboradoras, con el fin de garantizar recursos adecuados para su atención y protección y reclama "una mejora sustancial" en los sueldos de los profesionales que trabajan en estos centros, así como una actualización de sus respectivos convenios colectivos para garantizar sus derechos laborales.

Además, UGT exige que el complemento de peligrosidad se incluya de forma automática y sin necesidad de acudir a la vía judicial en las nóminas de todos los trabajadores que desempeñan sus funciones en centros con características especiales y ha instado a que el Parlamento Andaluz promueva iniciativas legislativas para que se revisen y actualicen los preceptos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor.

Esta revisión, a juicio del sindicato, debería dar lugar a propuestas de mejora que se eleven al Gobierno central para adaptar la normativa a la realidad actual.

Desde UGT Servicios Públicos Huelva reiteran su compromiso con la defensa de los derechos laborales de estos profesionales, "cuya labor resulta clave en la protección y el bienestar de los menores tutelados".