UGT denuncia la precariedad laboral y la inseguridad en los centros de menores de Huelva

UGT Huelva Servicios Públicos ha alertado este miércoles sobre la situación de indefensión y precariedad laboral en los centros de protección de menores de la provincia, durante una rueda de prensa en la que participaron responsables sindicales y trabajadores de los centros.

Marisa Fernández Santiago, secretaria general de UGT Huelva Servicios Públicos, explicó que el objetivo de la convocatoria era denunciar la deficiente situación laboral en los centros de servicios básicos y de conflictos sociales, marcada por la inseguridad del personal y condiciones laborales inadecuadas. “Reivindicamos la necesidad de proteger a quienes trabajan con menores en situaciones vulnerables y mejorar sus condiciones, tanto en seguridad como en derechos laborales”, afirmó.

Paco Mora, responsable del sector, señaló que los trabajadores sufren agresiones y bajos salarios, donde no se remunera fines de semana, festivos, peligrosidad ni penosidad, a pesar de la elevada responsabilidad del trabajo que, en ocasiones, se realiza fuera de la jornada laboral. “Las empresas adjudicatarias alegan falta de financiación de la Junta de Andalucía, lo que demuestra que no se apuesta por estos centros, ni aumentando los presupuestos ni reduciendo los ratios”, denunció.

El sindicato también reclama un nuevo sistema de acreditaciones para reconocer la experiencia profesional de los educadores sociales, algo que afecta al 60% de la plantilla y limita su movilidad entre centros. Asimismo, exigen protocolos únicos ante agresiones y denuncian la diferencia de condiciones entre centros públicos y privados, que empeora con las nuevas licitaciones.

Mari Carmen Herencia Anillo, directora de un centro, subrayó que “las condiciones laborales son mucho peores en los centros privados; por ejemplo, si una agresión no deja sangre no se considera grave, a diferencia de lo que ocurre en los centros públicos”.

Juan Antonio Alfaro, psicólogo, insistió en la necesidad de contar con protocolos de seguridad coordinados y alertó sobre la pérdida de empleo que deteriora el servicio a los menores.

Por su parte, David García Cruz, educador, explicó que las últimas licitaciones han eliminado puestos como el de auxiliar técnico educativo, reducido jornadas laborales y eliminado la figura de dirección, provocando que “los centros queden en condiciones muy precarias y los principales afectados sean los menores, que necesitan vínculos estables con los profesionales”.

UGT Huelva concluyó que estas situaciones ponen en riesgo tanto la seguridad del personal como la atención integral de los menores, y reclamó a la Junta de Andalucía una intervención urgente para mejorar las condiciones laborales y proteger a los profesionales del sector.