La decisión no tomada ayer por el Tribunal Supremo mantiene en vilo a casi 300.000 andaluces sobre si podrán recuperar el dinero que pagaron por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

Un total de 292.970 contribuyentes en Andalucía podrían reclamar la devolución del impuesto de las hipotecas de los últimos cuatro años a la comunidad autónoma si se confirma que son los bancos, y no los hipotecados, quienes deben soportar el gravamen.

El dato lo dio a conocer Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, cuando el Supremo decidió que el pleno de la Sala de lo Contencioso- Administrativo se celebrase ayer.

Gestha calcula en 743 millones de euros más intereses de demora el montante total de lo que la Junta de Andalucía tendría que devolver a los hipotecados desde octubre de 2014.

Esa cifra sería mucho mayor y bastante más difícil de calcular si la retroactividad se ampliase más allá de los cuatro años en los que no ha prescrito el ejercicio fiscal.

Andalucía es la autonomía con más afectados por esta decisión, que, en toda España, Gestha estima que mantiene en vilo a 1,5 millones de contribuyentes que podrían reclamar la devolución del impuesto, siempre referidos a quienes suscribieron una hipoteca entre octubre de 2014 y ahora.

Varias organizaciones de consumidores han reclamado a los jueces que extiendan la retroactividad de su nuevo criterio a todas las hipotecas, o cuando menos a todas las que siguen vivas porque no se han levantado y los clientes siguen pagando sus cuotas.

La banca, por su parte, defiende que siempre ha cumplido la ley y que si exigía al cliente que pagase el impuesto era porque la normativa así lo fijaba,

siguiendo ese hilo argumental consideran que, en caso de mediar devolución, no debe reclamarse al sector financiero que ahora lo pague.