Huelva se mueve

El trasvase de agua al Condado está pendiente de presupuesto

  • La ley para la transferencia de 15 hectómetros cúbicos da seguridad jurídica a los agricultores, pero siguen a la espera de garantizar la viabilidad de sus explotaciones

Una balsa de riego para el cultivo de frutos rojos en la zona del Condado onubense.

Una balsa de riego para el cultivo de frutos rojos en la zona del Condado onubense. / H. Información (Huelva)

El Senado aprobó en noviembre del pasado año Ley del Trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua de la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir y al Condado de Huelva. Lo hizo después de superar diversos trámites en el Congreso y la Cámara Alta.

El Condado logró así una de sus reivindicaciones histórica después de muchos años. La Ley da seguridad jurídica los agricultores de la comarca condal que dependían de esta aprobación para la viabilidad de sus explotaciones y se aporta un recurso fundamental de una forma equitativa y sostenible para Doñana.

Sin embargo, el trasvase aún no es efectivo y es probable que no lo sea por algún tiempo. Y es que la trasferencia de agua precisa de una dotación presupuestaria que aún no tiene. Es más, los Prespuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno socialista (que han sido rechazado)no contaban con una ninguna partida dineraria. Sí incluían 8,2 millones de euros para una obra hidráulica relacionada con la transferencia como es la Presa de Alcolea, cuyas obras de encuentran paralizadas, pero para el trasvase al Condado nada.

Y eso que en cuanto a los costes, el trasvase se someterá al principio de recuperación de costes de acuerdo con la Ley de Aguas, de modo que los usuarios beneficiados estarán obligados a abonar los cánones de regulación, las tarifas de uso de agua y aquellas exacciones que resulten de aplicar a los diferentes subsistemas de explotación y, en general, aquellas relativas al uso de las infraestructuras de las que puedan resultar beneficiados en la cuenca cedente o receptora.

Debe contribuir a mejorar los balances de agua en el entorno de Doñana de forma que limite la explotación del acuífero y contribuya a su recarga

Además tiene que contribuir a mejorar los balances de agua en el entorno de Doñana de forma que limite la explotación del acuífero y contribuya a su recarga.

La Ley del Trasvase fue impulsada por los socialistas en el Parlamento andaluz. Permite una nueva transferencia de agua superficial para los regadíos, que se suma al acuerdo de Gobierno del 15 de febrero de 2008 por el que se aprobó la transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos a la cuenca del Guadalquivir. Su aprobación no ha estado exenta de polémica y ha estado sujeta a discusiones y controversias desde que fue promovida.

El texto fue tramitado por la vía de urgencia y considera que “existen poderosos motivos de interés general para autorizar la transferencia de hasta 19,99 hectómetros cúbicos de agua superficial para “asegurar el abastecimiento de los pueblos del Condado y los agricultores en la comarca de Doñana, cuyo suministro a partir del embalse del Corumbel cuenta con escasa garantía o se suministran desde el acuífero 27.

Esta transferencia de agua no podrá ser superior a 19,99 hectómetros cúbicos al año y cada ejercicio se autorizará un trasvase como máximo anual medido en los puntos de toma de la cuenca cedente, situados en el embalse del Corumbel y en la impulsión desde el anillo hídrico de Huelva.

El informe aprobado contiene un listado anexo sobre las obras que deben ser declaradas de interés general del Estado. En esta lista aparece, por ejemplo, el desdoblamiento del túnel de San Silvestre.

Las obras incluyen la construcción de la presa de Alcolea, el desdoblamiento de sifones del canal del Piedras, el desdoblamiento del sifón del Odiel, el aumento de la capacidad de regulación de los depósitos de Huelva y de la balsa de regulación del anillo hídrico, en la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras. En la del Guadalquivir, contempla obras en las balsas de regulación e infraestructura de distribución e infraestructuras propias de transporte y regulación del trasvase.

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