La lacra de las agresiones a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Huelva se agudiza con el paso de los años. Así lo confirma un informe de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía –basado en los datos que proporciona el Registro Informatizado de Agresiones (RIAC)–, que refleja que entre 2007 y 2020 se han producido en la provincia un total de 1.149 agresiones, lo que representa un 8,34% del total en la comunidad andaluza, donde se registraron 13.774 agresiones.

Si se compara la mencionada cifra con el número de trabajadores del SAS en la provincia, la ratio se eleva hasta el 16,34 %, por lo que Huelva se sitúa como la tercera provincia andaluza en número de agresiones al personal sanitario, sólo superada por Málaga (17,94%) y Córdoba (16,48%), mientras que la media andaluza se encuentra en el periodo analizado en 13,47%.

A este respecto, cabe destacar que, durante la presentación de los citados datos, el secretario del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva, Juan José Rodríguez González, apuntó que “tenemos la constancia de que cerca de un 20% de agresiones no transcienden”.

Por años, el informe señala que 2018 fue el período con mayor número de agresiones en la provincia, con 135, mientras que el pasado año se registraron 84 debido a la pandemia y el confinamiento, hechos que redujeron considerablemente la atención presencial a usuarios.

Analizados los datos por centros de gestión, el distrito sanitario Huelva-Costa es el que ha registrado mayor incidencia, ya que “concentra más de la mitad de las agresiones, un 52,38%, a pesar de que su plantilla sólo representa el 13,83% de la provincia. Le sigue el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez con el 16,66%”, detalló Rodríguez.

Ante estos datos, el secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva señaló que “no existe una única causa para explicar las agresiones, sino que se trata, más bien, de una serie de circunstancias entre las que, sin duda, están la gestión directiva de cada centro, la demora en la asistencia y es posible que la propia idiosincrasia de cada población”. Aunque, para Rodríguez, “los recortes en el Sistema Sanitario Público Andaluz a partir de 2014 han conllevado un aumento de la presión asistencial, lo que ha podido condicionar el incremento de las agresiones”, ya que, como apunta el secretario general de CCOO, “Huelva tiene un número de agresiones superior al que le correspondería por plantilla, un 8,34% frente a un 6,88%. Al igual que el distrito Huelva-Costa, con una plantilla del 13,83% tiene un volumen de agresiones del 52,38%, cuadruplicando las cifras que le corresponderían por plantilla”.

En este punto, el secretario general quiso mostrar su “preocupación” por los datos que la delegación de Salud y Familia en Huelva ofreció hace unas semanas sobre el número de agresiones durante 2021. Según las informaciones de la Delegación, “ hasta el mes de septiembre las agresiones en la provincia habían sido 97, acercándonos a la cifra más alta que corresponde al año 2018, por lo que es muy probable, y debido a la vuelta de la presencialidad, que esta cifra se incremente y experimentemos un nuevo récord en la provincia en cuanto a agresiones al personal de los centros sanitarios públicos”.

Con motivo de tales cifras, desde CCOO se realizaron varias propuestas para revertir la situación. Por un lado, cobertura de plantillas al 100% e incremento especialmente en los centros que soportan mayor nivel de agresiones (servicios de urgencias y centros de atención primaria), "ello unido a la reducción drásticamente la demora en la atención y la coordinación interniveles".

Por otro lado, piden mejorar la seguridad. Para ello, desde CCOO se propone la elaboración de un mapa de riesgo, personal de seguridad en servicios de urgencias y centros de atención primaria especialmente en los que tienen mayor nivel de agresiones y, sobre todo, "son necesarios cambios legislativos para incrementar las penas y cuantías de multas por agresiones e incluir el riesgo de agresión en las evaluaciones de riesgos laborales", enumeró Rodríguez.

Otra de las propuestas es la elaboración de un estudio comparativo de la efectividad de las distintas medidas de seguridad tanto activas como pasivas, y la percepción que la ciudadanía tiene sobre las agresiones. Asimismo, "proponemos la puesta en marcha del observatorio de agresiones que esté compuesto por las administraciones, sindicatos, empleados y empleadas, asociaciones de consumidores, trabajadores sociales, etc.".

Entre estas medidas también figuran la potenciación de las plantillas de trabajadores y trabajadoras sociales para la detección y actuación con familias potencialmente conflictivas; creación de la figura del/de la mediador/a o educador/a social en cada centro con funciones preventivas y de actuación temprana ante situaciones conflictivas; potenciar la figura del interlocutor policial e implementar medidas de seguridad pasiva de tipo arquitectónico y de seguridad activa especialmente en los centros más conflictivos; y recuperación de los programas en atención primaria especialmente de los de educación sanitaria

Por último, Rodríguez hizo alusión a la puesta en marcha de campañas continuadas de educación y concienciación a la población para incrementar la valoración adecuada por parte de esta de trabajadores y trabajadoras del sector sanitario.