Los sindicatos rechazan la reducción de partidos judiciales

Rechazo frontal y firme a la reforma de las demarcaciones judiciales propuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los sindicatos están en contra de cualquier reducción de los partidos judiciales, que en la provincia de Huelva, en principio, podría afectar a tres de ellos, que pasarían a entrar en el ámbito de la capital onubense.

Las voces sindicales son unánimes y van en la misma dirección. Denuncian el distanciamiento de la Justicia que supondrá para los ciudadanos, unos efectos pretendidos de dudoso éxito para la economía y la eficiencia del servicio, y la obligatoriedad de una inversión que es cuestionada en la coyuntura actual de crisis.

El sindicato mayoritario en Justicia en la provincia, CSI-F, ya se mostró en contra de la posible reducción de partidos judiciales antes de que se formulara la propuesta. Ayer, una vez conocido el avance realizado por el CGPJ, su responsable en el sector, Manuel Portal, volvió a expresar sus dudas a este diario: "No entendemos qué se va a conseguir. En algunos sitios puede que sí tenga lógica pero en Huelva va a suponer un trastorno y va a afectar muy negativamente".

Portal asegura que "en nuestra provincia no se cumple lo que el Consejo pretende, que es reagrupar para que haya un mejor acceso, pero esto es totalmente cuestionable". "Va a suponer -añadió- alejar a los ciudadanos de la Justicia porque las distancias que van a tener que recorrer algunos van a ser inmensas. Y si se llega a ahorrar algo de dinero, va a ser a costa de los ciudadanos".

El representante de CSI-F, además, incide en el problema que podría plantearse en Huelva la ampliación de su ámbito de actuación al de los actuales partidos de Valverde del Camino, Moguer y La Palma del Condado, como propone el CGPJ, "ya que no se sabría dónde colocar nuevos juzgados porque la llegada de la Ciudad de la Justicia se ve todavía muy lejana".

"Nuestra postura es muy clara, no vemos mucho sentido a la reforma ni creemos que mejore mucho y este momento de crisis actual no es el adecuado para una reforma de esta magnitud", concluye Portal.

En la misma línea, Aquilino José García, representante de CCOO, está convencido de que una reforma en los términos avanzados por el CGPJ sería "un paso atrás".

En su opinión, el modelo actual es válido "o por lo menos no esta reducción tan drástica" y recuerda que "la provincia no es grande en población pero sí en tamaño y hay que facilitar el acceso de los ciudadanos a la Justicia y no dejar a pueblos a 80 kilómetros de unos juzgados", explicó.

García consideró "inviable" el modelo propuesto con las infraestructuras actuales y destacó el perjuicio que supondría la reforma para los funcionarios onubenses.