Sentencia pionera para un guardia civil en Huelva: El Estado indemnizará con casi 5.000 euros a un agente agredido tras 10 años de espera

El TSJM abre la vía para que los guardias civiles de Huelva cobren indemnizaciones por agresores insolventes

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Guardia Civil en Lepe. / M.G.

Los servicios jurídicos de la delegación de Huelva de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han logrado un importante éxito profesional que sienta un precedente clave para el colectivo. A través de la gestión del abogado Juan Rodríguez, se ha obtenido el reconocimiento judicial de una indemnización de 4.877 euros para un agente afiliado que resultó lesionado en acto de servicio, tras un largo proceso que se remonta a hechos ocurridos en febrero de 2014.

El caso tiene su origen en una sentencia de condena dictada por un Juzgado de lo Penal de Huelva. En aquel momento, aunque se reconoció el derecho del guardia civil a ser resarcido por sus lesiones, el autor de los hechos fue declarado insolvente, lo que impidió que el agente percibiera la cuantía fijada en la ejecutoria.

Un cambio en el cómputo de la prescripción

Lo verdaderamente relevante de esta resolución, estimada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), reside en cómo se interpreta el plazo de prescripción para reclamar al Estado. Habitualmente, existe un plazo de un año para iniciar la reclamación administrativa de resarcimiento cuando el penado es insolvente. La novedad es que el tribunal determina que ese año empieza a contar solo desde el momento en que se notifica oficialmente la resolución de insolvencia al agente perjudicado, y no antes.

Este matiz jurídico es fundamental, ya que abre la puerta a que numerosos agentes con asuntos penales antiguos —donde las indemnizaciones quedaron sin cobrar por la insolvencia del agresor— puedan actuar ahora. Los guardias civiles afectados tienen la posibilidad de solicitar formalmente la notificación de dicha insolvencia e iniciar, inmediatamente después, la reclamación administrativa ante el Estado para recibir el abono de las cantidades reconocidas en sentencia firme, evitando así que el derecho se considere prescrito.

Compromiso con la defensa del agente

Desde AUGC Huelva han querido poner en valor la importancia de este tipo de asistencia jurídica. La asociación subraya que su labor no se limita a la defensa técnica de los derechos de los guardias civiles, sino que se extiende a la lucha activa por asegurar que reciban las indemnizaciones, penas y multas que se consideren justas según las lesiones sufridas.

En este sentido, recalcan que el compromiso de la asociación se mantiene firme tanto en casos ocurridos en acto de servicio como en aquellos producidos fuera de él, velando siempre por que el resarcimiento económico sea efectivo y no quede en papel mojado debido a la insolvencia del condenado.

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