El secretario general de Empleo se limitaba a firmar "por delegación"

La nueva ronda de comparecencias iniciada ayer en el Parlamento de Andalucía llevó ante la comisión de investigación de los cursos de formación al secretario general de la Delegación Provincial de Empleo en Huelva, José Martínez Iglesias, y a la exsecretaria provincial del Servicio Andaluz de Empleo en la provincia, María José Simó Hernández. Ambos rechazaron su vinculación con la concesión de subvenciones e incluso cuestionaron su citación en dos intervenciones marcadas por los detalles administrativos y competenciales en sus funciones adscritas a la Consejería de Empleo.

Más significativa fue, sin embargo, la declaración de Martínez Iglesias, uno de los cuatro investigados por la UDEF de la Policía Nacional sobre las presuntas irregularidades en la concesión de ayudas, incluido también entre los siete encausados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva. Como ya ocurrió antes con otros, también se acogió a su derecho a no contestar preguntas de los parlamentarios por consejo de su abogada, pero sí hizo una declaración inicial para rechazar cualquier implicación.

"Quiero manifestar que ni estaba dentro de mis funciones ni he participado nunca en los procedimientos de competencia del Servicio Aandaluz de Empleo (SAE) en materia de formación. En consecuencia, nunca he adoptado una decisión, ni siquiera una opinión. Desconocía sus mecanismos, su normativa reguladora, porque no pertenecía a la estructura orgánica propia del SAE", explicó.

Más que eso, Martínez Iglesias aclaró que su labor como secretario general "fue meramente física", dijo, "en virtud de sucesivas delegaciones de firma". "Consistió única y exclusivamente -explicó- en firmar con caracter habitual los actos y resoluciones del delegado provincial en todas y cada una de las materias de su competencia, incluidos, en consecuencia, los actos y resoluciones derivadas de su condición de director provincial del SAE".

Pero recalcó que la tarea de "garantizar la conformidad jurídica del contenido de los actos y resoluciones que el delegado provincial tenía que firmar en su condición de director provincial del SAE correspondía a la estructura orgánica propia del SAE, a la que yo no pertenecía", subrayó.

El secretario general -quien corrigió que su cargo actual está vinculado al área de Economía y Conocimiento, y no a Empleo- habló del fundamento jurídico de la delegación de firma, práctica habitual en la Delegación Provincial por parte de su titular desde que accedió a su cargo que, advirtió, no alteraba la competencia ni responsabilidad del órgano delegante, en este caso, el delegado provincial, Eduardo Muñoz. Y la ley prevé, como señaló a preguntas de los grupos, que no puede ser delegada la firma en caso de resoluciones de sanción.

Porque José Martínez Iglesias, pese a su expreso derecho a no responder cuestiones de los parlamentarios, intervino varias veces en la sesión, posteriormente, para aclarar algunos aspectos sobre su declaración inicial.

Fue así como explicó que la Consejería de Empleo tenía dos órganos periféricos en Huelva: la Delegación Provincial, a la que él pertenecía como secretario general, y la Dirección Provincial del SAE, "ambos diferenciados y cada uno con su propio secretario", destacó. "Por eso digo que mi argumento no puede ser otro y no tengo nada más que aportar de lo que digo porque no estaba dentro de mis funciones ni he participado nunca en los procedimientos de competencias del SAE en materia de formación. Yo no soy el SAE", subrayó rotundo.

Las diputadas de Izquierda Unida y Ciudadanos, Elena Cortés y Marta Bosquet, expresaron sus reticencias a esta declaración: "Es intrigante que diga que no supiera nada más allá de poner su firma. "Nos genera dudas razonables", añadió Cortés, "sorprendida" por ser el primer funcionario que no se presta a declarar en la comisión.

Martínez Iglesias, además, había hecho notar anteriormente que no tenía conocimiento de que el interventor hubiera dictado estos años "ningún reparo ni nota de observación" a su fiscalización de las firmas por delegación.

La segunda compareciente de la tarde, la exsecretaria provincial del SAE, María José Simó, comenzó expresando su malestar por haber sido citada como exsecretaria general, "cargo que nunca he tenido", y en cualquier caso pidió haber declarado con el resto de funcionarios, ya que su cargo entre 2010 y 2015 era equiparable, reiteró, al de un jefe de servicio, y que sus tareas se limitaban a coordinar cuando implicaba varios servicios.

Simó rechazó de pleno que sus funciones estuvieran relacionadas con la gestión de la formación, que correspondía "al jefe de servicio y sus técnicos", y destacó que se encargaba de temas administrativos, de personal y de régimen de funcionamiento interno.

La exsecretaria provincial del SAE respondió sin reparos a todas las cuestiones planteadas por los cinco grupos parlamentarios, centradas en aspectos administrativos internos que no le impidieron desmentir que el personal de la Faffe asumiera competencias propias del funcionariado público o de la gestión de expedientes, o que los traspasos de competencias sufridos por el SAE y la formación "no me atrevería a decir que han perjudicado pero seguro que no han beneficiado en nada".

Aunque lo más jugoso lo dejó María Jesús Simó para el final, cuando en su despedida pidió a los grupos una excepción en la aplicación de la Ley General de Hacienda Pública, "porque el control financiero permanente no se puede aplicar al régimen de subvenciones".

"Me parece una barbaridad. Eso da lugar a que tengamos que iniciar expedientes de reintegro con el peligro que conlleva: que la empresa ya no exista o que sea insolvente", dijo, pidiendo más seguridad al órgano gestor, "porque estamos llegando ya a una situación en la que se está criminalizando a los funcionarios y el colectivo está sufriendo un grave daño que no sabemos si será reparable". "Les pido, como representantes públicos, que insten a esa modificación si es posible", concluyó.