Diez sanitarios, imputados por la desaparición de neonatos en Huelva

Setenta denuncias presentadas en los juzgados y casi 3.000 folios de investigación. Es el resultado del arduo trabajo iniciado en solitario hace dos años por la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo. La Fiscalía, la Policía Nacional, los abogados del colectivo onubense -José Luis Orta e Isaac Maestre- y la judicatura están haciendo el resto.

En las diligencias abiertas en los órganos de Instrucción de Huelva -más de una veintena de asuntos ya tiene algún recorrido judicial- se contabilizan a día de hoy cuarenta profesionales sanitarios y religiosos relacionados con las causas de presuntas desapariciones de recién nacidos. De ellos, diez han sido llamados a declarar en calidad de imputados, según informó ayer el letrado José Luis Orta. Desde el pasado diciembre a esta parte, cinco ya han testificado ante el juez como incriminados. Se trata, por el momento, de ginecólogos, matronas y pediatras, si bien entre los vinculados a los casos también se encuentran religiosas y enfermeras. El jurista especificó que la treintena de "relacionados están en el procedimiento" y en las próximas semanas "sabremos si el juez les da condición de imputados o testigos".

El criterio judicial es, inicialmente, "citar al 80% como imputados". No obstante, Orta recalcó la idoneidad de que sean llamados a sede judicial como testigos, ya que estos no pueden negarse a testificar ni mentir "porque si no estarían incurriendo en un delito de falso testimonio".

El abogado de SOS Bebés Robados detalló que eran generalmente "las matronas las que atendían el parto y sólo llamaban a los ginecólogos cuando se complicaba". El papel de las enfermeras era el de recibir a las embarazadas y atender a las madres recién paridas. El ginecólogo sólo extraía al niño, pero era el pediatra el que le realizaba el seguimiento. En este "círculo" cerrado que completaban las monjas todos "eran como dioses a los que no se les podía ni toser".

Cuando los padres afectados pedían explicaciones acerca del fallecimiento de sus hijos, que el médico le atendiera era misión imposible. Solía hacerlo una matrona "que le decía que esto es lo que hay y punto". La familia, remarcó Orta, "era el último escalón: formaba parte de la maquinaria pero no tenía derecho prácticamente a nada".

El letrado considera que el comportamiento de algunos profesionales con las víctimas "solía ser indigno, tosco y rudo". Para muestra un botón. Orta leyó textualmente varias declaraciones judiciales de afectados, como la de una mujer que indicaba al instructor de su causa que "una monja le dijo: "¿Ahora te duele, no? Pues cuando lo hacías no te dolía"; otra religiosa dijo a una madre que "pide al Señor que el niño se te muera porque los médicos lo han dejado como un muñeco de trapo". Todo un alarde de sensibilidad.

Destacó otro testimonio en que preguntaron a un padre si su hijo era deseado "antes de que el bebé presuntamente falleciera sin decírselo", o el de un caso en que un ginecólogo al que una enfermera llamó de madrugada pidiendo ayuda le preguntaba a ésta: "¿Es privado o del hospital? Si es privado, pues entonces no voy".

Siete de cada diez denuncias apuntan directamente al hospital Manuel Lois como enclave de referencia en la presunta trama de robos de neonatos. El resto corresponde al hospital de La Merced y, en menor medida, al Infanta Elena y a tres clínicas privadas: una situada en la calle Rascón, la clínica La Merced (ubicada en dicha plaza) y la clínica El Carmen (en el Conquero). Todos estos centros sanitarios, a excepción del hospital Infanta Elena, ya han desaparecido, pero "sí viven algunos de sus extintos administradores, quienes son responsables de lo que pudiera haber ocurrido; algunos de ellos están incluso relacionados e imputados en asuntos que se tratan en los tribunales de Huelva", apuntó Orta.

La investigación de los afectados viene impulsada por el sentimiento claro de que algo ocurrió con sus recién nacidos, y no al revés. Luego, una vez han accedido a la documentación sobre el nacimiento y la presunta defunción de sus bebés, sus sospechas se han reforzado y se han dispuesto a denunciar.

José Luis Orta manifestó que en los procedimientos en instrucción pueden hallarse errores tan significativos como que niños que figuran fallecidos en el Registro Civil no lo están en los de los hospitales donde supuestamente perecieron, o que dos doctores acordaran "horas de defunción distintas". En otros casos rezan entierros que se efectuaron antes de las 24 horas legalmente establecidas o se han hallado certificados de fallecimiento "rellenados por dos personas en vez de por un mismo médico de principio a fin", donde el concepto causa de la muerte aparece con grafía y tinta "descaradamente diferentes".

Dejó claro el representante jurídico de SOS Bebés Robados que hay "bebés que no llegan al cementerio, y si un bebé no llega al cementerio es que no ha muerto". En algunos asuntos no existe certificado del camposanto de La Soledad en el día en que supuestamente fue enterrado el neonato. Tampoco en los anteriores ni en los posteriores, con lo que concluyó que "esa persona no ha sido enterrada".

El letrado se preguntó por qué el hospital "se empeñaba con tanto ahínco en enterrar a los niños", hecho que se repite en casi todos los casos denunciados pese a que muchas familias contaban con seguro de deceso y mostraron claramente su intención de hacerse cargo de la sepultura.

La tramitación de un funeral conlleva gastos y "hay que diferenciar este hecho de los entierros de caridad". En la época, especialmente entre los años 60 y los 70, se da la circunstancia de que algunas víctimas "iban a las compañías de seguro y volvían al hospital a dar parte", pero ya se había producido el entierro.

Orta puso de manifiesto que algunos de los seguros de deceso de los afectados "nos ponen trabas cuando ahora vamos a buscar los expedientes para certificar los periodos de antigüedad de la póliza y la información sobre los episodios en concreto de los entierros". Finalmente, subrayó que la Ley de Adopciones de 1979 era "un coladero que nos impide en muchos casos saber quiénes eran las madres biológicas y preguntarles si dejaron voluntariamente al niño; en Huelva hay muchos adoptados y queremos saber si la adopción ha sido correcta".

La presidenta de SOS Bebés Robados, Esperanza Ornedo, dejó claro por su parte que "hay muchas mentiras, pero los afectados no mienten", al tiempo que destacó que "no buscamos culpables, sólo queremos alcanzar un objetivo, que es encontrar a nuestros niños, que están desaparecidos".