El riesgo del intrusismo para la seguridad y el bolsillo

El sector de la cerrajería es uno de los que ha sufrido en mayor medida el intrusismo profesional en los últimos años. Escasa o nula cualificación, desregulación laboral, fraude fiscal, inseguridad jurídica, abusos al consumidor y riesgo de inseguridad personal. Todos son factores que intervienen en este escenario generado por numerosas lagunas legales que, pese a los últimos intentos, siguen estando muy presentes y siguen siendo denunciadas por quienes actúan con la ley.

Desde UCES se ha reclamado hace tiempo una regulación profesional en el sector que permita dotar de mayor seguridad a la ciudadanía. En Huelva, el representante de los cerrajeros, José Luis Gutiérrez, pone un claro ejemplo: "Si la manipulación del gas conlleva un riesgo de seguridad y sólo debe ser realizada por personal cualificado y debidamente acreditado, ¿por qué no ocurre igual con los cerrajeros, que abren puertas a diario?".

Un paso adelante se da con la Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigor en marzo pasado. Ésta establece en su articulado la obligatoriedad de que las actuaciones de profesionales de la cerrajería de seguridad "quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables".

El presidente de UCES, Manuel Sánchez Gómez-Merelo, explica que "todo aquel profesional que abra una cerradura con una llave o herramienta que no sea la autorizada deberá notificar en un registro general el tipo de apertura, el domicilio donde se ha efectuado el servicio, el propietario de la misma y fecha y hora en que se ha realizado el servicio o la programación de la centralita de un vehículo".

José Luis Gutiérrez, por su parte, recuerda que los profesionales acreditados por UCES, entre los que se incluye, ya hace años que realizan un registro, pidiendo documentación a quien solicita un servicio de este tipo y alertando a la Policía en caso de sospechas de irregularidades, como medida de protección para los propietarios.

El intrusismo, añade, provoca que se produzcan abusos a los consumidores que están dañando la imagen del sector. "He visto cómo algunos han cobrado 250 euros por abrir la puerta con una tarjeta. Y sin dar factura", alerta Gutiérrez, fundador y ex presidente de Grupo Cerrajero, una de las primeras organizaciones nacionales del sector, integrada en UCES.